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Por Francisco Pérez García
@franco_alsur
Foto de portada: Ojo Público


“La justa y equitativa distribución del espectro electromagnético y radioeléctrico en radio, televisión y otros medios de comunicación, y la transmisión en el territorio nacional”. Estas líneas de texto escritas en un proyecto de ley de la bancada de Perú Libre, despertaron una serie de reacciones de los dueños actuales de los medios de comunicación, agremiados en el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) y la Sociedad Nacional de Radio y Televisión (SNRTV).

En efecto, el proyecto de ley 269 del congresista oficialista Abel Reyes Cam, que busca declarar “de necesidad pública e interés nacional la justa y equitativa distribución del espectro electromagnético y radioeléctrico en radio, televisión y otros medios de comunicación, y la transmisión en el territorio nacional” ha generado acusaciones sobre un presunto interés del gobierno por controlar los medios de comunicación.

Sin embargo, una lectura del proyecto abre la puerta para una discusión que desde hace años se viene postergando: la aprobación de una ley de medios que permita abrir la cancha a diversos sectores para participar en las licitaciones de las licencias de radio y televisión y generar espacios para producciones que respondan a las necesidades de la ciudadanía.

Lamentablemente, la redacción de la justificación del proyecto tiene tantas limitaciones y carece de sustentos técnicos que ha servido para que la concentración de medios y los dueños eternos de las licencias de las señales de radio y televisión esgrimen argumentos que lindan -en algunos casos- con la paranoia de un presunto régimen comunista en el país.

En Spacio Libre, analizamos el proyecto y conversamos con algunos especialistas en materia de comunicación, además hemos recogido escritos y comentarios de otras personas que no están en la orilla del CPP y de la SNRTV y que permiten desmenuzar los pro y contra, las ventajas y desventajas de un proyecto de ley que a todas luces no tendrá la aprobación necesaria en el Congreso y que además no resulta tan “ejecutiva” como se piensa.

Congresista Abel Reyes Cam autor del proyecto de ley / Foto: Congreso

¿Estamos ante una propuesta de ley de medios?

En primer lugar, debemos entender que el proyecto de ley presentado por Reyes Cam, es lo que en la jerga congresal se conoce como “declarativo”, es decir, es un proyecto que -en teoría- no implica cambios en la legislación nacional, varios exlegisladores sustentaron sus proyectos declarativos (sobre todo en la legislatura pasada) señalando que “son llamados de atención para que el Ejecutivo preste atención” a un tema determinado.

Empezando por eso, este proyecto no constituye mayor “peligro” si es que el Ejecutivo no le da luz verde a una serie de presupuestos, acciones y legislaciones adicionales. Dicho esto, pasemos a revisar lo que este proyecto encierra.

El proyecto de ley tiene una parte resolutiva que consta de cuatro artículos y una disposición complementaria final. Pero además, consta de una parte justificatoria y de análisis previo del contexto para sustentar el por qué del proyecto.

Tomando estos puntos como referencia, Jorge Acevedo, profesor de comunicaciones de la Universidad Católica señala que el proyecto es “demasiado genérico y no aborda aspectos centrales que deberían estar contenidos en una ley moderna y democrática de servicios de comunicación audiovisual”.

De la misma opinión es Carlos Flores, periodista peruano radicado en Ecuador y analista político. Flores señala que este proyecto “no tiene los suficientes alcances para ser considerada una «ley de medios». La iniciativa se concentra en el tema del espectro, que tiene muchas generalidades y no indica modos de alcanzar la distribución equitativa”.

Jorge Acevedo docente de Comunicaciones de la PUCP / Foto Spacio Libre – UCI

Marisol Castañeda, presidenta de la Asociación de Comunicadores Calandria, resalta que es preocupante el artículo 4 del proyecto donde propone que “el Poder Ejecutivo pueda asumir y dictar medidas para la prestación directa del servicio de radiodifusión y telecomunicaciones en caso de emergencia”.

Castañeda señala que este artículo de la norma vulnera directamente el artículo 4 de la actual Ley de Radio y Televisión, que plantea el respeto irrestricto a las libertades de información, opinión y expresión, incluso en estado de emergencia.

Precisamente, para Castañeda y Acevedo el fortalecimiento de la ya existente Ley de Radio y Televisión, debería ser el principio para una democratización de los medios de comunicación, objetivo de la “ley Reyes” pero que al ser puesta en el ojo público genera preocupación por las interpretaciones que pudieran darse si el Ejecutivo decide poner el pie en el acelerador, sobre todo en un período de emergencia como el actual.

¿Mucho ruido pocas nueces?

Pese a los “riesgos”de la norma, es relevante entender también el “sobresalto” de los conglomerados empresariales, desde “la concentración” liderada por el grupo El Comercio, hasta la SNRTV que agrupa a los principales canales de televisión y el Consejo de la Prensa Peruana.

Edgar Guevara, es presidente de la Coordinadora de Medios Locales, una asociación que agremia a propietarios de diversos medios de comunicación de regiones, provincias y distritos que trabaja desde hace años en “la defensa de la vigencia de las licencias de los medios”, según estipula en su página web.

Édgar Guevara presidente de la Coordinadora de Medios Locales / Foto: Difusión

Guevara afirmó en una columna reciente distribuida entre sus asociados y seguidores que “el espectro radioeléctrico, es un recurso natural que pertenece a todos los peruanos. Es un recurso limitado y actualmente escaso debido al crecimiento de las telecomunicaciones, por lo tanto, ordenar su mejor distribución es viable, teniendo en cuenta que actualmente la mayor parte de este recurso es explotado por un grupo de grandes corporaciones de radios, televisoras y empresas de telecomunicaciones”.

En una parte de su columna coincide con el proyecto respecto a los beneficios de los que han disfrutado por años los propietarios de los grandes medios de comunicación y que han mantenido sus licencias pese a situaciones que rozan con lo ilegal: una mirada a los vladivideos es una cercanía a ello.

“Usar el manoseado argumento de defensa a la libertad de expresión, en su afán de defender sus indebidos privilegios, en desmedro de las pequeñas y medianas empresas de comunicación, es descarado e inexacto”, apunta Guevara.

En una orilla más alejada aparece alguien que no podría ser calificado de comunista, socialista, ni siquiera de “caviar” y que de alguna forma coincide con lo expuesto por el directivo de la Coordinadora de Medios.

Juan Carlos Tafur, director del portal Sudaca y exdirector de diarios señaló en una columna reciente que “el lobby de los actuales canales de señal abierta y de los “cableros” ha impedido que se produzca el apagón analógico mencionado, el cual permitiría la democratización del espectro radioeléctrico, al coadyuvar al ingreso en igualdad de condiciones de nuevos actores empresariales sin necesidad de tener que pagar fortunas por las señales ya existentes, que son pocas”.

En el tema de la “democratización”, Jorge Acevedo resalta un aspecto positivo de la norma: “es que plantea la necesidad de tomar medidas para promover un sistema mediático más plural y diverso, específicamente en el caso de la radio y la televisión”.

¿Se pueden «democratizar» los medios?

Carlos Flores, asentado en Ecuador desde hace más de una década ha visto de cerca el proceso de la ley de medios en el país norteño y conoce cómo han sido los pasos de la llamada democratización y la repartición equitativa de las licencias.

Flores recuerda que Ecuador, Bolivia y Argentina, han sido las experiencias más visibles para repartir el espectro. “Pero esta iniciativa (la peruana) no indica proporcionalidades salvo el fin de hacerlo. A eso sumar que, imagino, el propósito es corregir la cuestión monopólica. ¿Cómo se va a hacer eso?”, pregunta.

“El proceso en Ecuador pasó por un informe/auditoría de frecuencias que (Rafael) Correa en su momento anunció que iba a judicializar. Es decir, quienes consiguieron frecuencias de manera irregular/ilegal terminarían procesados en el campo judicial. Nunca ocurrió. El asunto de frenar o corregir la monopolización en Ecuador casi no ocurrió

Un dato relevante de ese proceso, es que finalmente se le dio peso a la ley de medios en Ecuador, y el gobierno correista instaló 13 radios comunitarias o convocó a procesos de licitación de frecuencias que fueron cuestionadas en su momento, no solo por los privados ino por organizaciones que resaltaron la cercanía política de los ganadores de las licitaciones.

Acevedo considera que es difícil promover una ley de medios toda vez que tenemos un sistema mediático caracterizado por un nivel muy alto de concentración de la propiedad en la radio y la televisión, y un cuasi monopolio en la prensa.

“No se regula la propiedad cruzada, y los concursos para otorgar autorizaciones en radio y en televisión en la práctica se han convertido en subastas. El juez del Cuarto Juzgado Constitucional Juan Macedo, quien falló en contra de El Comercio y EPENSA (por el caso de la concentración de medios), ha exhortado al Ejecutivo y al Legislativo a promover un marco normativo que evite la configuración de monopolios y oligopolios”, recuerda el docente de la PUCP.

Marisol Castañeda, presidenta de la Asocación de Comunicadores Calandria / Foto: PUCP

Sobre el tema, Marisol Castañeda sostuvo que la propuesta de ley de Perú Libre “debería separar la discusión de la Ley de Radiodifusión y de las Telecomunicaciones por ser dos sectores de naturaleza distinta”.

Además asegura que el Ejecutivo y el Legislativo deben considerar a los ciudadanos en la discusión de las propuestas, “convocar audiencias públicas, y realizar un balance de cumplimiento como de los principios de acceso y prestación del servicio, los concursos públicos, el horario familiar, los códigos de ética y la autorregulación” así como “discutir con ellos el fortalecimiento de los medios comunitarios y educativos, la franja educativa, la ley de medios públicos, el rol del Consejo Consultivo de Radio y Televisión, la concentración de medios y la propiedad cruzada, así como las sanciones y los mecanismos para ponerlos en práctica”.

Acevedo Rojas coincide con Castañeda en que más allá de las reacciones que ha generado el proyecto, “es imprescindible discutir y aprobar una norma que regule los servicios de comunicación audiovisual, en respuesta a la necesidad de promover un sistema mediático plural y diverso, y a los cambios tecnológicos experimentados en las dos últimas décadas”.

¿Cuál es el futuro de los medios en el país?

Como ya se ha mencionado, es probable que el proyecto de ley presentado por Perú Libre no prospere, pero sí es importante que se discuta -en algún momento, no ahora en medio de la polarización política- el tema de la distribución de las licencias, no la libertad de empresa y la posibilidad que los grandes emporios sigan manejando la propiedad de los medios.

Y que la discusión del tema no haga levantar las banderas de la intromisión del Estado en los contenidos, tema que queda de forma ambigua cuando se refiere a la “prestación directa de determinados servicios o el manejo de ciertas redes de telecomunicaciones” en caso de emergencias. Ni que tampoco levante el grito destemplado de quienes temen perder sus beneficios y el manejo parcializado de los medios de comunicación, más aún cuando limitan la pluralidad informativa, situación que hemos vivido en demasía en la reciente contienda electoral y que seguimos viendo hoy en día.

LEA TAMBIÉN Para conocer más sobre la propiedad de los medios, este informe de Ojo Público recogía en 2016 quienes eran los dueños y dónde movían su dinero.

Proyecto de ley del congresista Reyes Cam.

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