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¿Se acuerdan del roche internacional que pasamos por causa de un proyecto de ley del congresista fujimorista, Carlos Tubino? Sí, ese mismo proyecto que convocó la participación del Congreso Mundial de la Naturaleza, puesto que dicho dictamen buscaba construir una carretera entre Puerto Esperanza (Purús, Ucayali) e Iñapari (Madre de Dios), afectando a pueblos indígenas y al Parque Nacional de Alto Purús, que es nada más que una de las zonas con la mayor diversidad del planeta y el área natural protegida más extensa del Perú (2’510.694,41 hectáreas). Pues bien, ese proyecto ha vuelto ha ser rechazado. Felizmente.

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El congresista fujimorista Carlos Tubino. Foto: El Comercio

Redacción Spacio Libre
@spaciolibre

No es nuevo. Esto data desde el 2012, cuando se presentó el proyecto de ley N° 1035/2011-CR con el mismo objetivo. Obviamente, esta propuesta en su momento tuvo la oposición del Sernanp, Minam, Defensoría del Pueblo, Ministerio de Cultura y de Transportes.

A pesar de eso, el mismo exmarino y congresista fujimorista -que en algún momento
tildó de «izquierdosos, caviares y tontos» a los que asistieron a la marcha «KeikoNoVa»presentó nuevamente el proyecto de ley el pasado 19 de agosto, donde declara de «necesidad pública y de preferente interés nacional el desarrollo sostenible de la provincia de Purús priorizando la conectividad terrestre”.

¿Cuales son sus motivos? Pues en una entrevista a dicho congresista, este declaró que  que volar entre Pucallpa y Puerto Esperanza es muy peligroso por la variabilidad del cima y el riesgo de entrar en el espacio aéreo brasileño.

Claro, no le interesó la intervención del Congreso Mundial de la Naturaleza y ni consideró que este es uno de los lugares más biodiversos del mundo.

¿A qué va todo esto? Pues la ministra del Ambiente, Elza Galarza, envió a la congresista Maria Elena Foronda, presidenta de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República, un documento donde hay un informe sobre el Proyecto de Ley  Nº 75/2016-CR “Ley que declara de necesidad pública y de preferente interés nacional el desarrollo sostenible de la provincia de Purús priorizando la conectividad terrestre».

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La biodiversidad y pueblos indígenas se verían afectadas por este proyecto de ley. Foto: Thomas Muller

Este despacho magisterial, recibido el 8 de noviembre, incluye los informes del Ministerio del Ambiente (Minam) y del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), los cuales revelan repiten por enésima vez  que el proyecto que propone la conectividad terrestre entre Puerto Esperanza (Ucayali) e Iñapari (Madre de Dios), debe garantizar el respeto de las Áreas Naturales Protegidas y los derechos de las Comunidades Campesinas y Pueblos Originarios.

Es decir, al momento de presentar este proyecto de ley, el genio de Tubino precisó en éste que se debe proveer la implementación de los sistemas de control necesarios para garantizar la protección de la biodiversidad en la zona y la intangibilidad de los parques nacionales y demás áreas naturales protegidas por el Estado.

O sea… se contradijo, puesto que la carretera entre Puerto Esperanza e Iñapari comprendería los territorios que conforman el Parque Nacional Alto Purús, la Reserva Comunal Púrus, la Reserva Indígena Mascho Piro, la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Alto Purús que incluye la Reserva Territorial de Madre de Dios y la Reserva Indígena Murunahua para pueblos aislados. En pocas palabras, su proyecto no garantiza el respeto a las áreas naturales protegidas, como lo dicta la norma.

Sin ser eso suficiente, el despacho señala que estos son espacios que permiten la investigación científica y el turismo, además de ser uno de los refugios más importantes de infinidad de especies de plantas y animales amenazados de los bosques tropicales del continente sudamericano, así como albergar tribus nativas pertenecientes a los grupos de Mashco, Mashco Piru, así como etnias asháninkas , amahuaca, sharanahua, entre otras.

¿QUÉ? ¿HAY MÁS RAZONES?
Eso no es todo. Aquí señalan también que el proyecto en mención es contrario a lo estipulado en el Acuerdo de Promoción Comercial suscrito con los Estados Unidos de Norteamérica (Resolución Legislativa Nº 28766), que señala que no se debe debilitar o reducir las protecciones contempladas en la legislación ambiental.

Por eso y otros motivos, el informe técnico concluye que la propuesta de conectividad no se acopla con el mandato constitucional de promover la conservación de la diversidad biológica y las áreas naturales protegidas. Es decir, la integridad e intangibilidad  se vería afectada por esta propuesta. ¿Habrá tercer round? Ya veremos.

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