Lima, Perú (Spacio Libre).- Mediante un oficio dirigido a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), la Defensoría del Pueblo expresó su preocupación prente al posible cierre del Registro Único de Víctimas (RUV), instancia destinada a identificar a los familiares y sobrevivientes afectados por el conflicto armado interno, para la entrega de reparaciones individuales y colectivas.

En el documento, el Defensor del Pueblo en funciones, Eduardo Vega Luna, afirmó que de concretarse esta decisión “el Estado dejaría de reconocer el derecho de miles de personas”.

Así mismo llamó la atención sobre la oficialización pendiente de la medida del pasado 10 de diciembre por la Comisión Oficial de Alto Nivel, que modifica la normativa que rige el Programa de Reparaciones Económicas con el fin de rescatar el carácter permanente e inclusivo del Registro de Víctimas.

De esta manera, la Defensoría del Pueblo espera que el Estado atienda esta obligación y espera una pronta modificación de esta norma, que “debe servir para sentar las bases de una verdadera y justa atención a las víctimas de la violencia política ocurrida en el país entre los años 1980–2000″, señaló.