En el documento, el Defensor del Pueblo en funciones, Eduardo Vega Luna, afirmó que de concretarse esta decisión “el Estado dejaría de reconocer el derecho de miles de personas”.
Así mismo llamó la atención sobre la oficialización pendiente de la medida del pasado 10 de diciembre por la Comisión Oficial de Alto Nivel, que modifica la normativa que rige el Programa de Reparaciones Económicas con el fin de rescatar el carácter permanente e inclusivo del Registro de Víctimas.
De esta manera, la Defensoría del Pueblo espera que el Estado atienda esta obligación y espera una pronta modificación de esta norma, que “debe servir para sentar las bases de una verdadera y justa atención a las víctimas de la violencia política ocurrida en el país entre los años 1980–2000″, señaló.
Si la revisión no se concreta antes de fin de mes, la situación podría desembocar en el cierre del Registro Único de Víctimas (RUV) el próximo 31 de diciembre. Por tanto se estaría estableciendo un trato discriminatorio, pues solo aquellos que sean reconocidos en el RUV hasta esa fecha podrán acceder a este beneficio, y no así aquellos que logren su inscripción con posterioridad.
Asimismo, en el oficio se cuestionó el condicionamiento de pobreza de los ascendientes de las víctimas. Es necesario señalar que el discurso del conflicto interno construido en la última década a dado origen a diferentes narrativas. Miradas que no consideran las verdaderas necesidades de los afectados por el conflicto y que, con una postura unidireccional, consideran el dinero como recurso suficiente para cerrar las profundas heridas de nuestro país.
Así, aun sobre este cuestionado discurso, someter a los connacionales a mayores percances para obtener un mínimo reconocimiento, implica un distanciamiento mayor del afianzamiento de la democracia y la construcción de una sociedad más justa, inclusiva y respetuosa de los derechos humanos.
Con información de La Mula. Lea el oficio completo aquí
Sobre el autor
