Por: Jaime Canicoba / @Canicoba307
Victoria Vigo, mujer piurana, urbana y profesional, quien dio a luz a una niña por cesárea en el Hospital Regional en 1996. Mientras reposaba bajo efecto de la anestesia, le esterilizaron sin consentimiento mediante ‘ligadura de trompas’. A los pocos días su bebé muere, un dolor que se agrava cuando luego descubre que ya no puede tener más hijos. Tras asumir su lamentable situación, Victoria se convierte en una activista para que se reconozca la necesidad de reparaciones para las mujeres que fueron esterilizadas forzadamente.
Parte I
Los impulsos del proyecto
“La iniciativa viene de artistas plásticas que han estado trabajando el tema desde diferentes ángulos. Una de ellas es Alejandra Ballón, que tiene una investigación extraordinaria, increíble, sumamente bien documentada sobre el tema de las esterilizaciones forzadas, y también hay otras artistas plásticas fuera de Perú muy interesadas en hacer producción creativa y artística, al margen, por supuesto, de toda la información jurídica, noticiosa e informativa”. Así nos lo cuenta Rocío Silva Santisteban, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, una de las instituciones aliadas en este proyecto.
Parte II
Casos para recordar
- Rocío Silva Santisteban
“Varias personas de la zona de Anta me han contado sus casos. Las dormían y despertaban en el piso de la posta, unas al costado de otras, sin respeto por la dignidad de sus cuerpos. Fueron esterilizadas con engaños, rumores, cuentos y desinformación para que los operadores de EsSalud cumplieran con la cuota que tenían que alcanzar para ganar el sueldo que percibían ante el Ministerio de Salud”.
El programa que se aplicó durante el gobierno de Fujimori era de planificación familiar, lo cual no implica que tal intención esté mal. Sin embargo, hay detalles que no pueden pasar desapercibidos: En los años 80, Silva trabajó en programas de planificación familiar para zonas rurales cajamarquinas, y recuerda claramente sus instrucciones de campo:
Parte III
El Estado en la mira
Para la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, el programa de esterilizaciones durante los años 90, que representó un hecho de violencia contra la mujer, se constituye en un delito sistemático de lesa humanidad al haber sido parte de una política de Estado. “El primer ente que debe responder por parte del Estado Peruano es el Ministerio de Salud, que estuvo en este programa, planteado en esta perspectiva de cuotas. Es algo que nunca más se tiene que volver a repetir en nuestro país”, afirma Rocío Silva Santisteban.
En segundo lugar, la directora ejecutiva de la CNDDHH incluye a la Defensoría del Pueblo al haber acompañado y sacado adelante varios de los casos. También se requiere de la Fiscalía de la Nación y el Ministerio Público: “es lo más importante que puedan sacar adelante las denuncias fiscales correspondientes y responsabilizar a aquellas personas que establecieron este tema de las cuotas y políticas que llevaron a muchas mujeres a sufrir estas esterilizaciones y a no permitirles volver a tener hijos, muchas de ellas sin siquiera saber de lo que se trataba”.
Parte IV
El camino a tomar
Uno de los puntos principales de la plataforma es “visibilizar el tema de las mujeres esterilizadas forzadamente durante el gobierno de Alberto Fujimori y que no quede en una cosa solamente jurídica, sino que también se levanten testimonios y notas de prensa. Que esto sea una recopilación de toda la información que hay”. Así nos lo cuenta Rocío Silva Santisteban.
“Hay muchas mujeres indignadas con lo que ha sucedido con las mujeres peruanas, y eso es lo que me parece lo más importante: que hemos podido encontrar una solidaridad entre personas urbanas y personas del campo, y personas más allá incluso de la posición política, más allá de diferentes divisiones. Hay un grupo de mujeres que está apoyando a otro grupo de mujeres para que sus casos, que son estos casos terribles, se visibilicen”.