Víctimas de violencia política se movilizarán exigiendo interés del gobierno

Foto: CNR
Lima, Perú (Spacio Libre/ADEHR).- Las 14 Delegaciones Regionales de la Coordinadora Nacional de Víctimas y Afectados por la Violencia Política del Perú (CONAVIP) se movilizarán este martes 22 de noviembre por las calles de Lima hasta la sede del Congreso de la República para exigir mayor interés del Estado en materia de derechos humanos.

«Pese a que ya pasaron más de 100 días de mandato del presidente de la República, Ollanta Humala, las víctimas de la violencia no hemos tenido ninguna señal concreta de solución a nuestras demandas respecto a verdad, justicia, reparación y memoria. Por el contrario, algunos representantes del Estado están promoviendo la impunidad al plantear «Amnistía» para violadores de derechos humanos o el «Punto Final» planteado por el ministro de Defensa, Daniel Mora», alertó, Doris Caqui representante de CONAVIP.

Caqui, sostuvo que estas acciones evidencian la falta de compromiso del Estado y pone en grave riesgo el acceso a la justicia para las víctimas de la violencia política.

Asimismo, denunció que la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN), entes responsables de atender y resolver las demandas de las víctimas no han tenido la capacidad y la voluntad de derogar el Decreto Supremo 051 – PCM- 2011 (establece que el proceso de determinación e identificación de los beneficiarios del Programa de Reparaciones Económicas concluirá el 31 de diciembre de 2011, fecha en que se procederá a su cierre).

Chungui, Ciro y yo (Por Wilfredo Ardito)

NdeR: Wilfredo Ardito, nos brinda un artículo más de sus «Reflexiones Peruanas», aquí comenta algo sobre la variable «solidaridad» de los peruanos y peruanas frente a algunos casos de desaparición totalmente mediáticos, como el de Ciro Castillo y la indiferencia total frente a las familias, que perdieron a uno o más seres queridos durante los 20 años de violencia política, ya se a manos del terrorismo o de los agentes del Estado.

Chungui, Ciro y yo
La semana pasada, mientras los medios de comunicación atosigaban a lectores y televidentes con las noticias sobre Ciro Castillo Rojo, en la localidad de Chungui (Ayacucho) eran exhumados los restos de 20 personas brutalmente asesinadas por los militares en los años ochenta. Entre los cadáveres había diez niños, cinco de ellos de menos de cinco años de edad.

El macabro hallazgo de Chungui refleja la impunidad de muchos militares y policías peruanos, que cometieron crímenes similares hacia miles de campesinos en los años ochenta, desde Umasi hasta Putis. Esta impunidad contrasta con la condena a cadena perpetua que también la semana pasada fue impuesta a Alfredo Astiz, el siniestro militar responsable de la tortura, asesinato y desaparición de decenas de personas en Argentina, incluyendo la fundadora de las Madres de la Plaza de Mayo.

En el Perú, en cambio, mucha gente piensa que es mejor olvidar las gravísimas violaciones a los derechos humanos que fueron cometidas y dejar que los responsables sigan viviendo tranquilos. Por eso, cuando se producían las masacres y desapariciones, era preferible pensar que las denuncias eran falsas y, en todo caso, eran justificadas asumiendo que los desaparecidos o asesinados “seguramente algo habrían hecho”. Cuando, después de años de intencional olvido, la Comisión de la Verdad osó volver a recordar estos hechos, fue acusada de “reabrir heridas”, más aún porque llegó a señalar que durante varios años, los de Belaúnde, los crímenes habían tenido carácter sistemático.

Fiscalía reabre caso de esterilizaciones forzadas

Foto: Spacio Libre
Lima, Perú (Spacio Libre).- El Estado peruano dio a conocer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la decisión de reiniciar las investigaciones por los casos de esterilizaciones forzadas cometidas durante el régimen fujimorista.

Durante la sesión realizada este miércoles, con la presencia de los representantes del Estado Peruano, la defensa de María Mamérita Mestanza Chávez, una de las afectadas e integrantes de la CIDH, se conoció que el 21 de octubre de 2011, la Fiscalía de la Nación, dispuso la reapertura de las investigaciones sobre la esterilización forzada de María Mamérita y otras mujeres afectadas.

Los representantes del Estado peruano,señalan que la investigación ha sido encargada a la Fiscalía Supraprovincial Penal para lo cual el Fiscal de la Nación, José Antonio Peláez Bardales, ha ampliado la competencia de la misma a efectos de poder investigar la totalidad de ésta práctica en los diversos departamentos del país.