Ordenan reabrir investigación fiscal por esterilizaciones forzadas

Veinte años de lucha, cero justicia / Foto: La República

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Se abre un nuevo espacio en la búsqueda de justicia para las víctimas de esterilizaciones forzadas durante el régimen fujimorista. El fiscal superior Luis Landa Burgos ha devuelto el expediente a la fiscal Marcelita Gutiérrez dándole un plazo de 30 días para reabrir la investigación.

Veinte años de lucha, cero justicia / Foto: La República
Veinte años de lucha, cero justicia / Foto: La República

Redacción Spacio Libre
@spaciolibre

Foto de portada: La República

Según informó el diario La República la decisión de Landa fue tomada teniendo en cuenta que la fiscal Gutiérrez –quien archivó el caso en julio de este año– se reservó 75 denuncias y entrevistas a presuntas víctimas con lo cual su investigación, según el fiscal superior, no estuvo completa.

Gutiérrez reservó 75 denuncias o entrevistas a presuntas víctimas, para una nueva investigación. El fiscal superior no estuvo de acuerdo con esta decisión adicional, porqué eso no es lo que se le había ordenado realizar a la referida fiscal supraprovincial.

Señala también el diario que el fiscal Landa ha exigido un pronunciamiento integral y unificado de todos los casos denunciados o recogidos por la fiscalía, incluyendo los 75 ignorados por Marcelita Gutiérrez.

Como se recuerda, Gutiérrez consideró que el caso de esterilizaciones forzadas no implicaba en sí mismo un delito de lesa humanidad, sin embargo contradictoriamente señala que sí formaron parte de una política de Estado, pero que se cometieron excesos por los cuales de debe responsabilizar a los médicos que ejecutaron las acciones, más no a Alberto Fujimori y su exministro de Salud Alejandro Aguinaga.

 

Como se recuerda el programa AQV (anticoncepción quirúrgica voluntaria), instaurado en el gobierno dictatorial de Fujimori como “medida para derrotar la pobreza”, supuso la esterilización de miles de mujeres en el país, principalmente de zonas rurales en pobreza o pobreza extrema. Es así que mediante engaños y chantajes a las víctimas se les privó de sus capacidades reproductivas pues, según consta en testimonios y documentos, se las esterilizó sin información clara sobre la intervención y sin que dieran su libre consentimiento.

La fiscal Gutiérrez Vallejos tiene un plazo de 30 días para recoger todos los testimonios y presentar un documento más consistente que podría tener nuevamente a Fujimori en la mira de la justicia.

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