El fujimorismo está de plácemes. Su líder Alberto Fujimori, su exministro de salud Alejandro Aguinaga y otros responsables no serán procesados por el caso de las esterilizaciones forzadas que afectaron a más de dos mil mujeres (registradas hasta hoy) luego que la fiscal Marcelita Gutiérrez decidiera archivar el caso. La injusticia golpea y victimiza nuevamente a quienes vieron frustrados sus deseos de formar una familia o hacerla crecer. Tremendo «regalo» para un importante grupo de peruanas un día antes del cambio de gobierno y de las fiestas nacionales.
Por Francisco Pérez García
@franco_alsur
Una inhumana decisión. 20 años han pasado por gusto para las mujeres que esperaban y aguardaban algo de justicia. La fiscal Marcelita Gutiérrez, de la Segunda Fiscalía Supraprovincial de Lima decidió archivar el caso de las esterilizaciones forzadas y negó así la posibilidad de emitir una denuncia que involucre a los principales responsables de este execrable caso.
Para la fiscal, las esterilizaciones forzadas ejecutadas durante el gobierno del hoy preso exdictador Alberto Fujimori, respondieron a una política de estado y que no estaban destinadas a violar derechos humanos.
Este es un nuevo golpe a la dignidad y memoria de las mujeres afectadas justo un día antes del cambio de gobierno. Ya el 21 de enero del 2014, el fiscal Marco Guzmán Baca había archivado el caso considerando elementos similares a los que hoy esgrime su colega Gutiérrez, quien reabrió el caso en mayo del 2015.
Guzmán aseguró que los hechos denunciados no constituían crímenes de lesa humanidad; y que los delitos enmarcados en el Código Penal nacional no se habrían configurado en el accionar de los ex ministros de salud y otros funcionarios involucrados en el caso por falta de “dolo”.
Gutiérrrez sin embargo, considera que hay casos aislados de violaciones de derechos humanos, pues hubo operaciones «sin el consentimiento previo e informado de las personas», razón por la cual solo se procederá a denunciar a los médicos y personal de salud involucrados en el caso.
El programa AQV (anticoncepción quirúrgica voluntaria), instaurado en el gobierno dictatorial de Fujimori como “medida para derrotar la pobreza”, supuso la esterilización de miles de mujeres en el país, principalmente de zonas rurales en pobreza o pobreza extrema. Es así que mediante engaños y chantajes a las víctimas se les privó de sus capacidades reproductivas pues, según consta en testimonios y documentos, se las esterilizó sin información clara sobre la intervención y sin que dieran su libre consentimiento.
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«¿QUÉ HACÍA AGUINAGA CON EL FISCAL SÁNCHEZ EN EL HIPÓDROMO?»
Gloria Cano, directora de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) señaló que esta decisión de la fiscal Gutiérrez puede ser impugnada por las víctimas y sus representantes legales.
«Pueden presentar una queja para impugnar esta decisión y que la revise el inmediato superior en la fiscalía», precisó en diálogo con Spacio Libre. Cano calificó la decisión de la fiscal Gutiérrez como una acción incongruente con la investigación.
«Cómo puede señalar que más de 2000 mujeres fueran esterilizadas en un mismo periodo de tiempo, bajo la protección de un programa estatal, y que estas sean solo decisión individual de los médicos los cuales recibieron premios y bonificaciones por lograr los cupos que eran obligados a reportar».
Cano recordó que el programa tenia un protocolo y supervisión desde la alta autoridad del ministerio de Salud, razón por la cual no puede considerarse solo una decisión individual o grupal del personal médico.
«Por eso ella dice que fue parte de una política destinada a programas de anticoncepción, pero que el haberlo practicado de manera forzada no estaba dentro de lo dispuesto si no que fue decisión de los médicos ¿Y los cupos que eran obligados a cumplir?»
La abogada también se preguntó qué hacía el congresista Alejandro Aguinaga, implicado en la investigación, en el Hipódromo de Monterrico junto al Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez. «Eso es algo que debe explicar».
«EL FUJIMORISMO SIEMPRE HA TENIDO INJERENCIA EN CADA ARCHIVAMIENTO»
Quién también ha exigido explicaciones al fujimorismo es Alejandra Ballón, autora de la investigación “Memorias del caso peruano de Esterilización Forzada”
Ballón recordó lo que DEMUS denunció hace unos días, sobre la cantidad de visitas que el exministro de Salud Alejandro Aguinaga, hizo a la fiscal Gutiérrez durante el proceso de investigación.
«Ha ido 12 veces a visitar a la fiscal. ¿Cómo va un inculpado a reunirse con la fiscal que ve el caso. Lo que queremos es saber la agenda de estas reuniones», sentenció Ballón en diálogo con Spacio Libre.
Asimismo la investigadora recordó que durante la investigación del fiscal Guzmán Baca, éste visitó en la DIROES a Alberto Fujimori, dos semanas antes de también archivar el caso.
«Siempre ha existido una clara injerencia del fujimorismo en los momentos previos al archivamiento», puntualizó.
En otro momento Ballón coincidió con Cano en que es incoherente que la fiscal haya reconocido que las esterilizaciones hayan sido parte de una política de estado pero que la responsabilidad de «casos aislados» sea solo del personal médico.
«ES UNA DECISIÓN INDIGNANTE»
En un comunicado público, la sección peruana de Amnistía Internacional calificó de «indignante que una grave violación a los derechos humanos protegidos en normas de las cuales el Perú es parte, quede impune».
La directora ejecutiva de AI en el Perú, Marina Navarro señaló que «miles de víctimas de esterilizaciones forzadas han visto truncada su esperanza de obtener justicia a pesar de la existencia de sólidos indicios de que el personal médico que aplicó los programas de planificación familiar recibía presiones para alcanzar cuotas de esterilización y de que, en muchos de los casos, las mujeres no dieron su consentimiento libre e informado”
Asimismo, la representante de AI asegura que su institución pidió a la fiscal Gutiérrez que «denunciara a toda persona que haya participado de estas graves violaciones a los derechos humanos, sea como autor intelectual, material, mediato u otra condición, aún en el caso de que se trate de funcionarios o servidores públicos, sean civiles
o militares.”
#NIUNAMENOS TAMBIÉN SE PRONUNCIA
El movimiento #NiUnaMenos que ha concentrado los esfuerzos para la marcha del 13 de agosto contra la violencia a las mujeres y el feminicidio, también se expresó desde su cuenta de Facebook, señalando que las esterilizaciones forzadas son crímenes de lesa humanidad.
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