Por Jorge Weston
Existen 2074 mujeres que han denunciado haber sido víctimas de Esterilizaciones Forzadas durante la dictadura fujimorista. Sin embargo, para el fiscal nacionalista Marco Guzmán Baca, de la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima, solo existen pruebas suficientes en un caso, el de la señora Mamérita Mestanza -quien falleció 8 días después de ser ser esterilizada contra su voluntad-, porque, en el resto de los casos: 2073 (sí, así como lo lee, 2073), no se hallaron «elementos probatorios suficientes».
De esta manera, solo se formaliza la denuncia a los 4 doctores de Cajamarca que están vinculados a la muerte de Mamérita Mestanza, y se archiva la investigación de Esterilizaciones Forzadas en contra de Alberto Fujimori y sus -‘joyitas’ de- ministros de Salud: Marino Costa, Alejandro Aguinaga y Eduardo Yong.
Así empezó
El 6 de febrero de 1996 se expide una resolución ministerial que aprueba el Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1996-2000 con el propósito de reducir la natalidad a menos 2 % anual, por lo cual se trazó una meta de 200,000 esterilizaciones anuales. Para esto, el 9 de setiembre de 1995 se modificó el artículo VI de la ley de Política Nacional de Población para que el Programa de Planificación Familiar no excluya a la Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV) como método. De este modo, el artículo VI del Decreto Legislativo Nº 346 quedó de la siguiente manera:
La Política Nacional de Población excluye el aborto como método de Planificación Familiar. En todo caso, la adopción de los métodos se basa en el libre ejercicio de la voluntad personal, sin que medien estímulos o recompensas materiales.
Sin embargo, un año después que empezó el programa se recibieron denuncias de mujeres que acusaban a centros de salud y médicos, por cometer esterilizaciones contra su voluntad. Después se reveló que estos actos eran cometidos con argucias y amenazas, dirigidos por el gobierno de entonces.
Aquí la Ley de Política Nacional de Población (1985)
Casos y engaños
Las esterilizaciones forzadas aumentaban y las denuncias eran ignoradas, como, por ejemplo, el caso de Victoria Vigo, victima que fue a dar a luz a su tercer hijo, cuando tenía 32 años, en el hospital público de Piura, y terminó siendo esterilizada. Al despertar de la anestesia un enfermero le informó que el médico la había consignado para una anticoncepción quirúrgica [sin su consentimiento]. Su hijo falleció después de nacer.
Como en muchos otros casos de esterilizaciones forzadas, los fiscales se negaron a atender el caso, incluso uno de ellos archivó éste con la justificación que no existía delito para juzgar. Luego, dicho fiscal fue retirado por ejercer el cargo irregularmente.
Vigo contó a Spacio Libre que después de 7 años de intensa lucha logró ganar el litigio contra el médico Nicolás Angulo, quien declaró que «cometió el delito solo porque cumplía con órdenes…». Así como este caso, existen 2073 más, pero en espera, y otros que, probablemente, por una u otra circunstancia, no han sido denunciados.
Recordemos también a Leopoldina, quien fue amarrada y sedada, obligándola a operarse; y a las mujeres de Anta (Cuzco), quienes entendieron que las operaciones que les iban a realizar eran para tener hijos más sanos, no que se estaban sometiendo a una operación de ligadura de trompa, entonces, como eran mujeres quechua hablantes, nadie les informó al respecto. Estas y otras formas se usaron para obligar a las mujeres a esterilizarse.
Cupos en las postas
En una entrevista pasada la abogada de DEMUS, Rossy Salazar, explicó para Spacio Libre que en 1997 se realizaron más esterilizaciones a nivel nacional, y -casi- en los mismos meses los médicos de las postas de diversas provincias cometieron negligencias médicas, «lo cual confirma que hubo una planificación [de parte del gobierno] para esterilizar mujeres contra su voluntad».
Estos cupos -continua la abogada- son la cantidad de esterilizaciones que debían hacer los médicos y personal [responsable de cumplir con la cantidad impuesta o establecida]. Por ejemplo, «hay el caso de una enfermera que se auto-esterilizó para cumplir los 3 cupos que le habían impuesto, por miedo a perder su trabajo».
«[También] hay un doctor que afirma que realizaba tres operaciones al día porque lo amenazaban con no renovarle el contrato, a diferencia de médicos que se encontraban en planilla y que recibían premios por realizar las operaciones, porque para el Estado era complicado botarlos», señala Salazar.
En este contexto, en una entrevista similar en el 2012 -a propósito de la reapertura del caso-, la abogada e integrante del Movimiento Manuela Ramos, Ana María Yáñez, consideró que el Ministerio de Salud cometió el error de «poner metas cuando se está planeando intenciones de carácter voluntario [en un programa para reducir la natalidad]»
Caso Mámerita Mestanza llega a la CIDH
El 15 de junio de 1999, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibe la denuncia por el caso Mámerita Mestanza, ésta abre el caso y transmite las partes pertinentes de la denuncia al Estado Peruano, la cual solicita ampliación del plazo (90 días) para dar una respuesta.
Con fecha 2 de marzo de 2001, con la intervención y aprobación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. las partes suscribieron el Acuerdo Previo para Solución Amistosa, en el que el Estado peruano admitió su responsabilidad internacional por los hechos alegados por las peticionarias y se comprometió a adoptar medidas de reparación en beneficio de las víctimas.
El 26 de agosto de 2003, en la ciudad de Lima, las representantes de las víctimas y el Estado suscribieron el Acuerdo de Solución Amistosa, solicitando que la Comisión ratificara el acuerdo en todo su contenido.
Así, según indica dicho acuerdo, el Estado se comprometió a investigar y sancionar no solo a los responsables de la esterilización forzada -y muerte- de Mámerita Mestanza sino al de todas las mujeres, como pueden leer aquí:
Acuerdo de Solución Amistosa- Mamérita Mestanza Chávez (2003)
Archivan y reabren el caso
Sin embargo, en el 2009, el fiscal especial Carlos Cáceres archivó la investigación sobre el caso Esterilizaciones Forzadas porque, según sostuvo la Fiscalía, no se encontraron indicios de carácter criminal en los investigados; de esta manera, el Estado incumplió el artículo 12 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw):
1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención médica, inclusive los que se refieren a la planificación de la familia. 2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 supra, los Estados Partes garantizarán a la mujer servicios apropiados en relación con el embarazo, el parto y el período posterior al parto, proporcionando servicios gratuitos cuando fuere necesario y le asegurarán una nutrición adecuada durante el embarazo y la lactancia.
Al respecto, DEMUS avisó de lo sucedido a la CIDH y, además, presentó una nueva petición para que se incluyan los casos de Celia Ramos y Leopoldina (LVCH):
«La CIDH al ver que había nuevos casos de Esterilizaciones Forzadas, más el caso de Mámerita [Mestanza], empezó a presionar más fuerte al Estado Peruano para que cumpla», explica Rossy Salazar.
Es así que en octubre del 2012, a raíz de las comunicaciones que tuvo DEMUS con el Estado, y la exigencia de la CIDH para que se cumpla lo acordado, la Fiscalía de la Nación decide, nuevamente, analizar el archivo de Esterilizaciones Forzadas, y trasladar el caso a la Fiscalía de Derechos Humanos y no, a la Fiscalía Anticorrupción, como había pasado anteriormente.
El 24 de noviembre del mismo año, dos años después del archivamiento, la Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima decide reabrir las investigaciones sobre el plan de Esterilizaciones Forzadas en contra de los ex ministros de Salud Alejandro Aguinaga y Marino Costa Bauer, y otros ocho altos ex funcionarios del ministerio de Salud. Las pesquisas preliminares estaban a cargo de la fiscal Fanny Escajadillo.
“Lo que ahora corresponde es que la fiscalía ejecute todas las acciones de investigación, los llame a declarar, tanto a ellos como a las víctimas, y así mismo evalúe todo el material probatorio que existe en 64 tomos», indicó, Carlos Rivera del IDL en declaraciones a La República.
Designan a Guzmán Baca para el caso
En junio del 2013, el Ministerio Público, a través de la resolución N°1676- 2013-MP-FN, designó al fiscal Marco Guzmán Baca para que se aboque exclusivamente del caso Esterilizaciones Forzadas.
Además, encargó a la Oficina de Registros Fiscales entregar todos los recursos logísticos y el personal administrativo para que apoye al fiscal ad hoc.
En este sentido, la encargada de la linea jurídica de DEMUS indicó lo siguiente:
“Hubiésemos querido que se designe a la doctora Chamorro como fiscal ad hoc, pero sabemos que el doctor Guzmán ha estado en casos complejos y ha actuado debidamente. Lo único que nos preocupa es que se pueda empezar de cero, pues la doctora Chamorro tenía avanzadas algunas diligencias y ya había tomado manifestaciones. Esperemos que ambos intercambien información”
Fujimori a la investigación
Luego de la designación de Guzmán Baca al caso, se tomó alrededor de 500 declaraciones de las víctimas en las zonas donde se impulsó las esterilizaciones de forma agresiva, y se ordenó las pericias psicológicas respectivas a las víctimas. Además se incluyó a Alberto Fujimori como parte de la investigación.
Sin embargo -como explicamos al principio- dos meses después se archivó el caso…
Al respecto, el abogado del IDL, Sigifredo Florián y Rossy Salazar refirieron que parece sospechoso cómo, de pronto, se dio el archivamiento tras incluir al reo Alberto Fujimori en la investigación:
«Resulta bastante extraño cómo fue incorporado [Fujimori] sin que notificaran a las partes, y que antes de dos meses se le excluya del caso, tras haber presentado documentos simples», expresó Florián para La República.
«Para nosotras en su archivo no considera los oficios, memorándum y documentos sobre el cumplimiento de metas; no señala que ha considerado o no las 500 declaraciones; no ha solicitado las historias clínicas al MINSA; y no ha tomado en consideración los testimonios de médicos y enfermeras que señalan que eran obligados para hacer ello».
Por su lado, la secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Rocío Silva Santisteban, señaló que con los indicios que se han presentado en el proceso, el fiscal no debió solicitar el archivamiento del caso sino dar pase al juicio oral.
Ante lo ocurrido, el 28 de enero pasado DEMUS presentó un recurso de queja ante la Fiscalía por el archivamiento del caso:
Recurso de queja Contra El Archivamiento Esterilizaciones Forzadas
Así como lo ven. Hace unas semana publicamos la afiliación política del fiscal Marco Guzmán Baca en el partido del presidente Ollanta Humala: el Partido Nacionalista Peruano. Recordemos que dijo el mandatario el 25 noviembre del 2012 sobre la esterilizaciones forzadas:
Lo interesante del asunto no es solo que el fiscal sea nacionalista sino que incumple la siguiente prohibición constitucional::
Artículo 153.- Prohibición a Jueces y Fiscales Los jueces y fiscales están prohibidos de participar en política, de sindicarse y de declararse en huelga.
[DEMUS] como sustento de la queja han presentado los oficios y memorandos que vinculan a Fujimori y a sus titulares de portafolio con esa violación de los derechos humanos de las mujeres, pues en los mismos le indican a los médicos cómo tenían que cumplir las metas de lo que se conoció como el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, cuánto eran las cuotas de captación, así como las sanciones que recibirían si no cumplían.
Así por ejemplo, mencionó que a través de los oficios 0544/97 y 0818/97, Costa Bauer se dirige a Fujimori y le manifiesta que «hay una tendencia creciente en la producción del servicio de Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV) y al cierre del mes de junio la cifra asciende a 38,624»; mientras que en el otro documento afirma que «los primeros siete meses del año (1997) se ha alcanzado un acumulado total de 64,831 AQV, lo cual nos sitúa en el 43% de la meta fijada en 150 mil para el año 1997». Pero es en el oficio 001 – CPPF-UTS-Jauja, del 10 de enero de 1997, que la Coordinadora del Programa de Planificación le informa a su Jefe de Departamento de Gineco-Obstetricia que Fujimori participaba activamente en las reuniones y solicitaba metas.
¿En qué quedó el caso?
El pasado 29 de enero, el Ministerio de la Mujer, expresó su preocupación por el archivamiento del caso de las esterilizaciones forzadas. En este sentido, la entonces ministra de dicho ministerio, Ana Jara, indicó que de los 2074 casos el Ministerio Público ha resuelto archivar 2073 denuncias. Y recordó que 18 mujeres fallecieron a causa de las anticoncepciones quirúrgicas sin su consentimiento.
Hace unos días la Defensoría del Pueblo encontró una serie de vacíos en la investigación de la 2ª Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima, a cargo de Guzmán Baca. Una de las más preocupantes son, según indica la nota La República, las limitaciones para realizar los exámenes de Medicina Legal, que si bien fueran solicitadas por la fiscalía, esta «no remitió la lista de personas que debían ser atendidas ni tampoco las disposiciones fiscales correspondientes».
Esa fue la razón porque los peritos de Medicina Legal no viajaron a Piura, donde hay un gran número de casos. Por si no fuera poco, la carta de la Defensoría dice que no se tomaron en cuenta 3 casos importantes que anteriormente fue enviado a la Fiscalía, proveniente de Oficina Defensorial de Huancavelica.
También existen problemas de argumentanción en la resolución fiscal, donde no dice porque se descarta dolo en estos casos. Tampoco dice la cantidad de víctimas ni el nombre de las víctimas que sufrieron lesiones o muerte. Asimismo, no se considera la identidad de los presuntos responsables, las declaraciones de las víctimas, entre otros puntos.
Sobre el autor
Francisco Pérez García
[…] fiscal Marco Guzmán Baca fue el último magistrado que archivó el caso el 21 de enero del año pasado pues consideró que los hechos denunciados no constituían crímenes […]
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