Desde un testimonio muy personal, una opinión sobre la polémica «ley Bartra», de explotación juvenil.
Por Javier Francisco Contreras Martínez
@javier_contmar
Cuando por primera vez mi papá trajo a casa una computadora, allá por 1995, mi hermano, Junior, descubrió a su mejor amigo. Se volvió desde aquel momento un curioso de la computadora, la desarmó y armó mil veces, instaló cuanto programa salía de moda y lo exploraba hasta dominarlo, por eso, cuando salió del colegio, no tuvo dudas, quería estudiar ingeniería de sistemas.
Con mucho esfuerzo se preparó e ingresó a una universidad pública, pero – como en la mayoría de casos de estas carreras muy ligadas a la tecnología- encontró máquinas obsoletas, profesores desactualizados, y directivos incapaces de darse cuenta de los requerimientos del mercado.
Por eso, hablando con mis padres, decidimos que mi hermanito dejaría la Universidad y se inscribiría en un Instituto Superior, del cual teníamos las mejores referencias. Desde que llegó, Junior se quedó maravillado, aprendía los softwares del momento y con profesores que laboraban en empresas tecnológicas. Al llegar al tercer año de la carrera, fue un profesor el que lo ‘jaló’ para que practicara en el área de sistemas de un importante banco.
El banco a los practicantes, les ofrecía un sueldo mínimo. De ese modo, mi hermano trajo algo de tranquilidad económica a mi casa, con su sueldo podía pagar los pasajes, la mitad de su pensión. Mis padres, contentos por el progreso de mi hermano, se vieron además un poco aliviados.
Junior, en los siguientes seis meses, fue practicante en aquella empresa, aprendió muy bien como se maneja el área de tecnología, y luego, sus jefes decidieron contratarlo, de modo que antes de que acabe la carrera logró tener un trabajo, con todos los beneficios de ley, donde – gracias a Dios- hasta hoy se mantiene.
Me pregunto qué hubiera sido de Junior si cuando pudo ingresar a aquella compañía a practicar, su jefa, quien le enseñó mucho durante el periodo de práctica (y a quien estaré eternamente agradecido), le hubiera dicho que ya que iba a aprender, no le iban a dar aquel sueldo, que por pequeño que parezca llegó a mi familia, como caído del cielo.
Me pregunto, qué hubiera pasado si el periodo de práctica se hubiera extendido de los seis meses que fueron a tres años, sin sueldo, sin seguro (el proyecto de ley no indica ni siquiera este derecho). Quizá Junior no hubiera podido terminar la carrera, quizá hoy no estaría, por sus propios medios, en una Universidad haciendo la convalidación para obtener el título universitario que anhela.
Leo el proyecto de la congresista Rosa Bartra, que la comisión permanente decidió aprobar sin segunda votación, y pienso en los miles de jóvenes que como mi hermano tuvieron en la educación técnica una herramienta de progreso que les permitió insertarse en el mercado de forma rápida.
Pienso en los que ahora están en los institutos, y tendrán que tocar las puertas de las empresas pidiendo un puesto de practicante.
El proyecto dice que esta modalidad es voluntaria, y quienes algo sabemos del mercado laboral, entendemos que más que un voluntariado será una (más) prebenda a la inversión privada, para que tenga mano barata y así incrementar sus ingresos.
Me imagino la escena. Un joven estudiante técnico, se presenta a una empresa, pide realizar sus prácticas, el empleador lo recibe, le dice que puede quedarse, siempre y cuando sea bajo este ‘voluntariado’, porque si puede tener practicantes gratis ¿para què les va a pagar? Ni tonto que fuera.
Y entonces imagino al chico, practicando, sin sueldo, sin seguro, por tres años, con la efímera esperanza que luego, pueda ser contratado.
Lo cierto y en buen castellano, es que el proyecto de la fujimorista Bartra, pretende legitimar los abusos de los que ya hoy son presa muchos practicantes, pretende que la ley le de la posibilidad a los empresarios de tener ‘cholos baratos’… de tener esclavos.
No debería sorprendernos que una iniciativa como ésta haya salido del seno fujimorista, porque fueron ellos los que suprimieron la estabilidad laboral, la negociación colectiva, el derecho a la sindicalización, fueron ellos los que despidieron arbitrariamente a los empleados estatales.
Si algún grupo político ha estado en los últimos 25 años contrario a los derechos laborales de los trabajadores peruanos, es el fujimorismo, y esta iniciativa legislativa solo nos lo recuerda. Nada hay que extrañarnos.
En un país que cada año requiere 200 mil técnicos más de los que genera, quitarle el derecho a la remuneración de los practicantes, es desalentar a los jóvenes que miran la educación técnica como una opción y es, a largo plazo, perjudicar a la industria de la mano calificada que requiere para el desarrollo de sus actividades económicas.
No sé si la señora Bartra se ha dado cuenta, pero lo que está en juego es el desarrollo de un país, que necesita que sus ciudadanos tengan más dinero en el bolsillo, dinero que ella les está quitando con su proyecto de ley.
Sobre el autor
Francisco Pérez García 
Spacio Libre