Lima, Perú (Spacio Libre).- Luego de varias idas y venidas, y a menos de un mes de cumplirse el año de los luctuosos sucesos en Bagua, el congreso de la República aprobó por 60 votos a favor, 10 en contra y 3 abstenciones la Ley de Derecho a Consulta Previa a las Comunidades Indígenas.
Como se recuerda, la finalidad de esta norma es desarrollar el contenido, principios y alcances básicos del derecho a la consulta de los pueblos indígenas u originarios en el proceso de toma de decisiones del Estado al aplicar las disposiciones contenidas en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) respecto de aquellas medidas legislativas o administrativas que sean susceptibles de afectarles directamente, a fin de asegurarles condiciones de igualdad y el pleno ejercicio de sus derechos individuales y colectivos.
El presidente del Congreso, Luis Alva Castro saludó esta decisión al señalar que así el Parlamento «hace justicia a las comunidades en la defensa de sus derechos colectivos de existencia física, identidad cultural, calidad de vida o desarrollo».
Sin embargo la congresista Elizabeth León, presidenta de la comisión de Pueblos Andinos, señaló a CNR que la ley aprobada no responde a los pedidos hechos por las comunidades indígenas y que se optó por aprobar la propuesta de la comisión de Constitución.
«El trabajo realizado por la Comisión de Pueblos andinos ha quedado para el recuerdo», expresó León Minaya, quien advirtió que con esta decisión se deja de lado la riqueza de los procesos participativos impulsados por su grupo de trabajo para la elaboración del dictamen respectivo.
«Nos queda la satisfacción de demostrar que sí es posible establecer consensos entre los pueblos y el Estado aunque no se haya plasmado en la ley. Me preocupa que se haya dejado de lado esta riqueza de proceso participativo de acercamiento entre las organizaciones y el Estado a la hora de dictaminar la ley».
Agregó que el documento es «muy general» pues no establece la necesidad de su reglamentación y deja a la voluntad política de quienes la implementen su adecuada interpretación y ejecución.
Detalló que los puntos en controversia que fueron incorporados en el texto final se refieren al derecho al veto que poseen las comunidades hacia aquellos proyectos que se desarrollen en sus territorios; así mismo, se ha incluido que el proceso de consulta conduce a un acuerdo con consentimiento
Dictamen de la Ley de Consulta Previa
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