Lima, Perú (Spacio Libre).- Mientras que los informes policiales en todo el Perú reportan cada año alrededor de 5,303 casos de denuncias por violación sexual, unas 15 denuncias diarias, las diversas penas y sanciones detalladas en el Código Penal Peruano no logran detener esta realidad. Fuera de eso, no se sabe cuántas violaciones no son denunciadas.
“Creemos que está bien que se sancione a los violadores, pero hay que hacer efectivas estas sanciones. Por ello es importante que el Estado aborde el problema de manera integral y enfatice sus medidas en la prevención. Solo así se detendrán estos delitos”, así dice Claudia Díaz, miembro de Católicas por el Derecho a Decidir-Perú cuando habla sobre las reformas legislativas, las cuales se han centrado en incrementar las penas sin efecto alguno sobre este horrible fenómeno.
¿Qué dice el código penal?
El delito de violación sexual está tipificado en el artículo 170° del Código Penal y dice lo siguiente:
Artículo 170.- Violación sexual
El que con violencia o grave amenaza, obliga a una persona a tener acceso carnal por vía vaginal, anal o bocal o realiza otros actos análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de ocho años.
Los agravantes
La pena será no menor de doce ni mayor de dieciocho años e inhabilitación conforme corresponda:
1. Si la violación se realiza a mano armada o por dos o más sujetos.
2. Si para la ejecución del delito se haya prevalido de cualquier posición o cargo que le dé particular autoridad sobre la víctima, o de una relación de parentesco por ser ascendiente, cónyuge, conviviente de éste, descendiente o hermano, por naturaleza o adopción o afines de la víctima, de una relación proveniente de un contrato de locación de servicios, de una relación laboral o si la víctima le presta servicios como trabajador del hogar.
3. Si fuere cometido por personal perteneciente a las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú, Serenazgo, Policía Municipal o vigilancia privada, en ejercicio de su función pública.
4. Si el autor tuviere conocimiento de ser portador de una enfermedad de transmisión sexual grave.
5. Si el autor es docente o auxiliar de educación del centro educativo donde estudia la víctima.
Pese a esta normativa, el número de condenados por este delito no disminuye. Díaz asegura que esto se debe a que “vivimos en una sociedad machista que desvaloriza a las mujeres y muchos hombres consideran que sus parejas son ‘objetos de su propiedad’, también se justifica la violencia ejercida hacia ellas en función a conductas o actitudes. Así, por ejemplo, todavía hay mucha gente que justifica la violencia hacia las mujeres porque van vestidas de determinada forma o porque frecuentan lugares públicos a horas de la noche”.
Sin embargo, señala que se debe tener en cuenta que un 60% de las víctimas son violadas en sus hogares y por miembros cercanos a ellas o familiares.
Según Católicas por el Derecho a Decidir-Perú, dentro de los factores que se deben tener para cambiar esta realidad figuran:
- Responsabilidad del Estado por enfocar sus esfuerzos en la prevención del delito, educar sobre el mismo.
- Que las personas aprendamos a considerarnos iguales y autónomos, con los mismos derechos y capacidades.
- Erradicar toda forma de violencia y discriminación
- Implementación de Lineamientos Educativos y Orientaciones Pedagógicas para una Educación Sexual Integral aprobados el año 2008 por la Dirección de Tutoría y Orientación Educativa (DITOE) del Ministerio de Educación.
- Asegurar los servicios de atención en salud a las mujeres violadas por parte del Estado, sin ser juzgadas ni culpabilizadas. Así como el acceso al anticonceptivo oral de emergencia (‘pastilla del día siguiente’) para evitar hijos no deseados, además de la libertad de decidir tenerlos o no.
- Implementación de programas integrales de salud mental a las víctimas.
Por: Mario Ramos / @mariorm7
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