Lima, Perú (Spacio Libre).- Mediante un pronunciamiento público, diversas agrupaciones de la izquierda peruana se pronunciaron frente a la postergación de la aplicación de la Ley de Consulta Previa, considerando que dicha norma es el resultado de las luchas de las organizaciones campesinas, indígenas y agrarias del país durante más de una década.
En el documento, aseguran que estas luchas presionaron a la aprobación unánime en el Congreso de una autógrafa de ley consensuada, la cual fue promulgada por el Presidente de la República Ollanta Humala en la localidad de Imacita, Bagua, en setiembre de 2011, demostrando querer reconciliar al Estado con los pueblos indígenas, y cumplir una promesa electoral.
«Esta ley constituye un derecho fundamental reconocido en normas internacionales de derechos humanos que el Estado peruano ha suscrito y que busca reparar una deuda histórica con los pueblos originarios, por tanto, su respeto y aplicación son un reto para avanzar hacia una sociedad intercultural en la que todos los pueblos sean considerados de igual dignidad y capacidad, y donde las ciudadanos sean sujetos efectivos de derechos y obligaciones, vivan en armonía social, ambiental y donde la relación entre Estado y población indígena sea directa, horizontal, sincera y dialogante», señala el pronunciamiento.
Asimismo consideran que el clima político en torno a esta ley «contradice lo dicho con el anuncio de que no se publicará la Base de Datos de Pueblos Indígenas y la negativa del ministerio de Energía y Minas a realizar una consulta a la población de Cañaris, evidencia la irresponsabilidad del actual gobierno con la población indígena del país».
«De esta manera, vemos una vez más la gran indiferencia y falta de palabra de nuestros gobernantes ante y la demanda popular. En ese sentido, resulta preocupante que en un contexto de expansión económica y de múltiples casos de tensión entre comunidades y empresas, generados por el gran volumen de territorios cedidos para la actividad extractiva, puedan producirse mayores situaciones de conflicto y violencia acicateados por políticas de criminalización de la protesta social y la inacción estatal frente a la desregulación de las relaciones entre las fuerzas del orden y las empresas extractivas», afirman.
En otro punto del pronunciamiento las agrupaciones consideran que «una vez más se intenta anular derechos de los pueblos originarios y el derecho de participación de dichos pueblos se considera un obstáculo para la inversión en vez de reconocer que la verdadera inversión es aquella que respeta los derechos de los pueblos y contribuye al desarrollo sostenible. Por todo ello hacemos un llamado a la ciudadanía y a la opinión pública a reflexionar respecto de las implicancias de esta situación de injusticia y constante postergación».
Cabe señalar que son 5 puntos principales los que en este pronunciamiento se demanda: La publicación de la Base de Datos de Pueblos Indígenas para la ejecución adecuada de la Ley de Consulta Previa; el respeto a los derechos humanos de la población indígena afectada por las actividades extractivas; el cese de la persecución a dirigentes sociales y políticos que representan a la población indígena; que el Estado reconozca como indígenas a quienes cumplan con los requisitos expuestos en el Convenio 169 de la OIT; y dar curso al pedido de las organizaciones indígenas del Pacto de Unidad para que se modifiquen la Ley de Consulta Previa.
El pronunciamiento es firmado por Fuerza Ciudadana, Partido Comunista del Perú “Patria Roja” y Partido Tierra y Libertad, tres de las organizaciones que vienen impulsando el denominado Frente Amplio de la izquierda peruana.
Por Sandra Reyes Martínez/ @SandraLoiseM
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