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Poder Judicial suspende expulsión de Paul Mc Auley

Iquitos Perú (CNR).- El titular del Primer Juzgado Civil de Maynas, Alexander Rioja Bermúdez, admitió la acción de amparo presentada por la defensa del religioso británico Paul Mc Auley, donde solicita que se suspenda la ejecución de la resolución ministerial mediante la cual se cancela su residencia en el Perú por su presunta participación en actividades de carácter político, como marchas de protesta y demás actos que constituyen una alteración del orden público.

Rita Ruck Riera, abogada defensora del Mc Auley, explicó que con esta decisión judicial se suspende automáticamente la ejecución la resolución ministerial donde se señalaba que el presidente de la Red Ambiental Loretana (RAL) debía abandonar el territorio nacional este miércoles.

“Esto nos da tranquilidad para que el hermano Paul pueda hacer valer sus derechos en la vía administrativa. Con esta decisión judicial él (Mc Auley) se puede quedar en el país. A partir de la fecha tenemos quince días para impugnar la resolución administrativa del Ministerio del Interior”, sostuvo.

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Organismos de derechos humanos rechazan expulsión de McAuley

Lima, Perú (Spacio Libre).- La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y otras organizaciones de la sociedad civil han mostrado su rechazo a la expulsión del religioso británico Paul Mc Auley. Transcribimos el comunicado en su integridad.

Las organizaciones que suscribimos esta declaración rechazamos la arbitrariedad que el gobierno pretende cometer al ordenar la expulsión del país del religioso británico Paul Mc Auley, que desarrolla su labor pastoral en la región Loreto y es un destacado defensor del medio ambiente y de los derechos de los pueblos de la Amazonía.

Las razones oficiales para la expulsión del religioso han sido expresadas en una resolución del Ministerio del Interior (0571-2010-IN/1601), que señala genéricamente como razones de esta medida la “alteración del orden público” y la “participación en actividades de carácter político”, sin especificar nada más, lo cual viola el principio de la debida motivación de las resoluciones administrativas.