Lima, Perú (Spacio Libre).- La Fiscalía Superior Mixta de Bagua ha pedido la sanción de cadena perpetua para 53 dirigentes y manifestantes del «Baguazo». Son 8 delitos los que se les endilgan y las sanciones por cada uno van desde los 6 años hasta la pena máxima. Los principales acusados son Alberto Pizango, Joel Shimpukat, Leo Timias, Santiago Manuín, Hector Requejo, José Chale y Merino Trigoso. La falta que sancionaría a los dirigentes con cadena perpetua sería el arrebato de armamento y municiones de uso oficial.
Sin embargo, el abogado defensor de un grupo de líderes amazónicos, Juan José Quispe (IDL), dice que no existen pruebas para afirmar que las armas presuntamente arrebatadas hayan sido utilizadas en contra de los policías. Afirma que no se ha probado que los números de serie de las municiones extraídas de los cuerpos sean iguales a los que tenían las municiones policiales.
Aunque el arrebato del armamento fuera la acusación más fuerte, la Fiscalía también solicita 35 años de prisión por Homicidio Calificado, 15 años por tenencia ilegal de armas, municiones y explosivos, 12 años por lesiones graves, 8 años por entorpecimiento de los servicios públicos, 8 años por disturbios, 6 años por motín y 6 años por daños agravados contra bienes muebles e inmuebles del Ministerio Público.
Para el abogado, las acusaciones en general no muestran pruebas instrumentales o testimoniales que acrediten los hechos delictivos como verdaderos. Sería insostenible un juicio oral si es que antes el Ministerio Público no individualiza la responsabilidad respecto a la supuesta conducta lesiva de los acusados, ni menos cuánto le correspondería a cada uno en la materialización y configuración de los delitos imputados.
Los errores del Ministerio Público serían más: se parte de dos premisas que, a entender del abogado del Instituo de Defensa Legal, son falsas. La primera concierne a la fecha: es falso que 5 mil nativos llegaran a la «Curva del diablo» (lugar donde ocurrieron los hechos) cuando la protesta se inició el 9 de abril y se intensificó hacia fines de mayo. La segunda, que la policía no usó solamente gases lacrimógenos para alejar a los manifestantes, sino que la gran mayoría utilizó armas de fuego de largo alcance para el control. Hay manifestaciones de los policías sobrevivientes que lo confirman.
La fiscalía ha solicitado inspección y reconstrucción de los hechos para conocer los detalles del incidente ocurrido en la «Curva del diablo». Con el mismo ánimo, ha pedido ratificaciones periciales y documentos originales de la Policía Nacional y de Medicina Legal. Los términos de la acusación serían debatidos el 7 de marzo.
Por: Leonardo Cárdenas / @epidemor
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