Lima, Perú (Spacio libre).- Daniel Mora, presidente de la Comisión de Educación del Congreso, ya había dicho que una de las razones por la que los rectores rechazaban la nueva Ley Universitaria, aún en debate, se debía a que –evidentemente– no deseaban que se fiscalizaran sus gastos.
Y es que ese grupo de trabajo ya aprobó en sesión ordinaria, no solo la creación de la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria, que tiene la facultad para fiscalizar el uso de recursos, sino que también avaló transparentar mucha información hasta hoy oculta.
En el artículo 11 señalan que las universidades, públicas y privadas, estarán obligadas a colocar en sus portales, en forma permanente y actualizada de conformidad con la Ley de Transparencia, el Estatuto y el reglamento de la universidad.
Lo mismo deberá ocurrir con las actas aprobadas en las sesiones de Consejo y Asamblea Universitaria, presupuesto, ejecución presupuestal y balances.
También deberán ser públicos la cantidad de becas y créditos educativos, inversiones, reinversiones, donaciones, obras, publicaciones, recursos y proyectos de investigación. Asimismo, los pagos exigidos a los alumnos, el número de éstos por facultades, y la conformación del cuerpo docente, por clase y categoría.
Pero lo que más incomodaría a las autoridades universitarias sería el exigir que sus remuneraciones y la de los docentes sean públicas. Un dato que la ley vigente no les exige.
Por: Sandra Reyes/@SandraLoiseM
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