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Por: Mario Ramos / @mariorm7

El 25 de noviembre fue declarado por la ONU como Día Internacional de la No Violencia Contra la Mujer, para esto, se ha tenido que recordar y tomar en cuenta una serie de actos que evidencian la negra historia que ha vivido el género femenino.

Dentro de nuestro país se ha recordado el más que lamentable hecho de las esterilizaciones forzadas, cometido durante la década del 90 por el gobierno del expresidente Alberto Fujimori.

Recientemente se ha planteado la reapertura del caso, pues califica como uno de los peores actos de violencia contra la mujer.

Dicho esto, ¿debe esta acción calificar como un delito de lesa humanidad o como un delito simple de violencia sexual contra la mujer?

El Programa Nacional de Población

El 28 de julio de 1991, el expresidente Alberto Fujimori declara el inicio del Año de la Austeridad y Planificación Familiar, bajo ese contexto lanza el Programa Nacional de Población 1991-1995, el cual tenía como objetivo detener el incremento de la pobreza en el país a través del control demográfico de la población.

El 13 de febrero de 1991 el programa fue puesto en marcha, en él se ofrecían, en teoría, la más amplia gama de método de planificación familiar (PF).

El AQV

Dentro del afán desmesurado por controlar el crecimiento poblacional, el gobierno consideró conveniente, a pesar de que no constituía un método de planificación familiar pues el proceso era irreversible, establecer la anticoncepción quirúrgica voluntaria (AQV) como parte de ellos.

Para esto se modificó el artículo VI de la Ley de Política Nacional de Población de 1985 para excluir de él a la AQV como método de PF prohibido.

Entonces, mediante la ley N° 26530 del 9 de setiembre de 1995 el artículo VI de la Ley de Política Nacional de Población quedó de la siguiente manera:

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Artículo VI.- La Política Nacional de Población excluye el aborto como método de Planificación Familiar. En todo caso, la adopción de los métodos se basa en el libre ejercicio de la voluntad personal, sin que medien estímulos o recompensas materiales.

Es en este contexto que el 6 de febrero de 1996 se expide una resolución ministerial que aprueba el Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1996-2000. Este programa tiene la finalidad de masificar el uso de métodos de PF, entre ellos la AQV.

De esto modo la AQV se convierte en una práctica institucional y masiva de los centros de salud a nivel nacional, estableciéndose números mínimos de cirugías para esterilizar a ciertos sectores de la población. Además, la autoridad central supervisaría continua y sistemáticamente la ejecución del programa. Esto generaba asignar cuotas a los establecimientos y al personal de salud que debían ser cumplidas bajo amenazas de sanción e incluso de despido.

Las acciones

Dentro de las acciones que se generaron bajo este programa, resaltan algunas prácticas graves:

  • La esterilización de mujeres inmediatamente posterior al alumbramiento, sin que estas expresen su consentimiento.
  • La esterilización de mujeres bajo engaño, haciéndoles creer que estas operaciones eran reversibles.
  • La firma de declaraciones juradas de aceptación de la esterilización redactadas en español con el fin de que mujeres quechuahablantes no comprendan su contenido.
  • El ejercicio de coacción o violencia sobre mujeres o sus parejas a fin de que firmen las declaraciones juradas expresando su consentimiento para realizarse la esterilización.
  • El método se practicó a cambio de comida, engaños, entre otros.
  • No se estableció un procedimiento preoperatorio ni posoperatorio para la aplicación de la AQV.
  • El Ministerio de Salud autorizó que personas con insuficientes conocimientos médicos practicaran estas operaciones.

Las víctimas

Según el total de ligaduras de trompas realizadas entre los años 1996 y 2001 rebota un total de 272,028, esto incluso agrava la situación pues el programa estaba programado hasta el año 2000.

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Sumado a esto, se han registrado no solo graves secuelas luego de las operaciones, sino muertes de algunas de las mujeres intervenidas. Dentro de las víctimas mortales figura la señora María Mamérita Mestanza Chávez, la cual, mediante sus representantes legales, logró en el 2003 un Acuerdo de solución amistosa por parte del Estado peruano, el cual reconoció su responsabilidad internacional y se comprometió a reparar a los familiares de la víctima, de la misma manera, a sancionar penalmente a los responsables de la muerte mencionada y de las violaciones a los derechos humanos cometidas gracias a este programa.

No obstante, la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos Contra los Derechos Humanos como la Primera Fiscalía Superior Especializada en Delitos Contra los Derechos Humanos tuvieron la oportunidad de conocer las graves denuncias contra los médicos, miembros del Ministerio de Salud e incluso el propio expresidente Alberto Fujimori. Sin embargo, archivaron la denuncia.

Delito de Lesa Humanidad

Para que un delito califique como de lesa humanidad necesita ciertos componentes clave, estos son:

  • Cualquier acto inhumano que cause graves sufrimientos o atente contra la salud mental o física de quien los sufre.
  • Que dichas conductas se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático.
  • Que el ataque se genere contra una población civil.
  • Que se tenga conocimiento de dicho ataque

Dicho esto, las esterilizaciones forzadas podrían calificar como un delito de lesa humanidad por sus características de haber sido un ataque generalizado y en contra de una población civil, pues se supuso una agresión masiva hacia un número significativo de víctimas, además de haber sido sistemático en la medida que formó parte de un programa de ejecución metódica y previamente planificado por un política de gobierno.

Contrario a esto, la fiscalía provincial encargada del caso analizó el elemento de “sistematicidad” de forma que concluyeron que los hechos denunciados no calificaban como delitos de lesa humanidad, por su parte, el Ministerio Público detalló que un crimen de esta naturaleza exige que el ataque se dirija contra un grupo social determinado (típico del genocidio), situación que no ocurrió en el presente caso.

Por otro lado, el fiscal superior confirmó que el factor determinante para la negación de la calificación de los hechos como grave violación de los derechos humanos es su consideración como acciones negligentes. Cuando en realidad se sabe que el personal que intervino a las mujeres lo hizo con el objetivo de cumplir metas numéricas y no con un objetivo de salud.

Afortunadamente, los hechos cometidos no prescriben, por lo tanto, su persecución sigue vigente y podrá reabrirse el caso.

4 comentarios en «INFORME. Violencia contra la mujer, esterilizaciones y lesa humanidad»

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