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Foto: Mario Ramos / Spacio Libre

Por: Mario Ramos / @mariorm7

En coordinación con la Cooperación Regional Francesa para los Países Andinos, el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUCP presentó la Cátedra Franco-Andina: Los retos actuales de la lucha contra la impunidad.

La apertura del evento se dio con palabras del presidente del IDEHPUCP, Salomón Lerner Febres, quien resaltó en el tema de los actos que se deben efectuar luego de perpetrar un delito, aseguró que cuando ello no ocurre “se ingresa a un ambiente de impunidad”.

Foto: Mario Ramos / Spacio Libre

“Esto evidencia que la democracia siempre podrá ser transgredida por sus perpetradores”, dijo luego de tocar el tema de la violación a la democracia y el orden público por parte de quienes quedan impunes luego de atentar contra estos factores.

Además, aseguró que el daño que se produce no solo implica un daño material para quienes se ven afectados, sino que implica un daño moral.

Acto seguido, Claude Castro Gimenez, Consejera regional de cooperación para los países andinos de la Embajada de Francia, reafirmó la cooperación de la República Francesa con los países andinos.

Castro Gimenez amplió la introducción del evento, y aseguró que “la impunidad determina el porvenir de un país”, sumado a esto criticó los actos de corrupción en la esfera política nacional, el pedido de indulto al expresidente, Alberto Fujimori y calificó como lamentables los hechos ocurridos en La Parada.

Foto: Mario Ramos / Spacio Libre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dijo que sea cual sea el enfoque que se adopte, el paradigma sigue siendo el mismo: “cuando un Estado no es capaz de luchar contra la impunidad se debilita irremediablemente”.

Impunidad y corrupción como afectación al Estado de Derecho

Así se tituló la primera mesa, la cual contó con la participación de Yvan Montoya Vivanco, Coordinador del proyecto anticorrupción del IDEHPUCP y el Procurador anticorrupción del Estado, Julio Arbizu.

Montoya presentó el tema “Corrupción de Funcionarios e Impunidad”. Dio un alcance sobre lo que es corrupción e impunidad, factores que favorecen la impunidad y apreciaciones sobre por qué se debe evitar la corrupción.

Señaló que hay tres factores clave en el delito de corrupción:

  1. Ejercer una función bajo el cargo de representación.
  2. Ejercicio abusivo del poder que ofrece el cargo.
  3. Actuar en interés particular por sobre el interés general.

Por otro lado, sobre la impunidad, afirmo que ésta trasciende lo jurídico penal. Esto supone un ejercicio abusivo del poder público para beneficio privado sin ser cuestionado.  Significa que la informalidad, la “viveza criolla”, el clientelismo, la no rendición de cuentas, entre otros, no son sancionados; significa también que los funcionarios corruptos y los particulares corruptores mantengan su poder de manera intacta.

Todo esto lo englobó en una serie de violaciones y omisiones de la ley en distintos aspectos. Violación a la obligación del Estado de investigar, juzgar y sancionar a responsables; falta de acceso a la justicia (Procuraduría), violación de los derechos humanos y vulneración de los presupuestos básicos del Estado de Derecho.

Se detuvo a precisar puntos clave dentro de los factores que favorecen la impunidad:

Factores de carácter normativo-jurídico:

  • Prescripciones (Plazos cortos – extraneus)
  • Impedimentos procesales (TC y límites en las Comisiones investigadoras).
  • Reformas normativas (Ley 29703 Colusión).
  • Legalización de procedimientos de elusión de control.
  • Hipergarantismo: Plazo razonable, cosa decidida en investigación fiscal, medidas alternativas a la pena privativa de la libertad (suspensión de la ejecución de la pena, etc.).

Factores de carácter fáctico:

  • “Encubrimiento” del acto corrupto (pacto sceleris) y del enriquecimiento indebido.
  • Poder político: no levantamiento de inmunidades y prerrogativas de altos funcionarios.
  • Sustracción de la persecución penal nacional.
  • Descoordinación del sistema penal anticorrupción.
  • Permanencia de la cultura del secreto (P.J.)

Agregó a su ponencia el tema “La impunidad de la corrupción y el estado constitucional de derecho (ECD)”, detalló las características del ECD:

El poder del Estado se somete a la razón del Derecho, para salvaguardar la dignidad y los derechos de las personas. Se guía por principios:

  • Supremacía de la Constitucional y la ley.
  • Control y colaboración entre los poderes del Estado.
  • Administración sometida a la ley constitucional y controlada jurisdiccionalmente.
  • Vigencia de los derechos fundamentales: civiles, políticos, derechos económicos, sociales y culturales (DESC).

ECD e impunidad de la corrupción:

  • Administración Pública no se somete a la ley constitucional: ejercicio abusivo del poder público.
  • No control jurisdiccional sobre la administración en el ejercicio abusivo del poder público.
  • Supremacía del ejercicio arbitrario del poder público frente a la supremacía de la Constitución y la ley: principios de probidad, transparencia, imparcialidad, eficiencia, etc.
  • Violación del principio de igualdad y de los DESC (desviación de fondos).

“¿Por qué evitar la impunidad de la corrupción?”

La respuesta que dio Montoya fue que se puede vivir con un sentido de justicia posible o probable: todos conformes (por diversas razones) de suprimir los actos que denotan corrupción. Se trata de actos claramente remediables. Este sentido permite evitar caer en la desesperación o la inacción por impotencia en la lucha contra un sistema defectuoso.

Además, determinó que los costos de la corrupción afectan la repetición de los actos e influencia en lo político, económico, social y en derechos humanos.

La voz del Procurador

Julio Arbizu, Procurador anticorrupción, inició su ponencia hablando sobre la corrupción vista desde un enfoque diferente y no necesariamente economicista. “La corrupción entraña mucho más que eso, entraña violación de derechos fundamentales”, concretó.

Explicó que no deben existir trabas en derechos fundamentales como la educación, la justicia o la información de conocimiento público, si esto no se diera de forma accesible o mediante un costo no tipificado, estaríamos frente a un acto de corrupción.

Dentro del sentido en el tema sobre la impunidad se refirió a que no solo se basa en la ausencia de castigo sino en la carencia de reparación.

Foto: Mario Ramos / Spacio Libre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hizo un paralelo entre la demanda de las víctimas en casos de violación de derechos humanos, que tienen que ver con justicia, verdad y reparación y sostuvo que en los casos de corrupción los requerimientos son exactamente los mismos: Ausencia de castigo expresada en la imposibilidad de procesar a un imputado por delito de corrupción, pero, además, la ausencia de reparación, expresada en la imposibilidad del Estado de cobrar una reparación civil.

Definió el tema de la prescripción como sumamente delicado y detalló la duplicidad de plazo para los funcionarios públicos, además de la no transmisibilidad de esta duplicidad para los extraneus. Todo ello representado como retos para combatir la corrupción e impunidad.

“El bien jurídico protegido dentro de la administración pública no es el patrimonio del Estado, no lo fue y no lo será. Es el correcto funcionamiento de la administración pública”. Esta fue la frase con la que Arbizu dejó en claro la línea por la cual se debe trabajar.

Aclaró que otro problema dentro de la Procuraduría son las interpretaciones que se dan sobre las medidas preliminares personales. Esto debido a que su función es “ir por el dinero”, lo cual se ve trabado en el proceso previo ante mal funcionamiento de la fiscalía y las conductas elusivas de los imputados.

Sumado a esto, Arbizu señala que el código procesal penal merecería una reforma, pues la forma que posee actualmente es inadecuada e influye de forma negativa y retarda el trabajo debido a la complejidad de los procesos e incapacidad de quienes deben elaborar documentos de forma rápida. Esto se evidencia en la longevidad de los procesos.

“Si bien se persigue la pena, no se persigue la reparación del daño”, agregó esto debido a la incapacidad del sistema y la capacidad del Estado para cobrar las reparaciones civiles; lo cual muchas veces, se ve contrariado.

Finalizó su exposición asegurando que la impunidad en delitos de corrupción representa un desprestigio de la administración pública, sobre todo en el sistema judicial, un escepticismo por parte de la población frente al Estado y un decaimiento del sistema democrático. Sin embargo, dijo que, probablemente, lo más grave sería una añoranza por lo autoritario.

 [ Puede ver la segunda parte de esta crónica aquí ]

2 comentarios en «CRÓNICA. IDEHPUCP presentó evento sobre los retos en la lucha contra la impunidad»

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