Dos meses después de iniciar sus funciones, el Congreso de la República -a través de su Consejo Directivo- aprobó este martes la Agenda Legislativa para el período anual de sesiones 2021-2022.
Cabe señalar que hasta la fecha, el Parlamento Nacional aprobó solo 7 leyes, de las cuales cinco nacieron en el Poder Legislativo. Sin embargo, el congreso recién le da paso a esta agenda que todavía debe pasar por el Pleno del Congreso para ser debatida y aprobada.
Como se recuerda la presidenta del Congreso María del Carmen Alva anunció el 25 de agosto -un mes después de asumir el cargo- que estaban trabajando una agenda legislativa consensuada, la cual sería presentada al Ejecutivo «para elaborar una agenda país».
La denominada agenda legislativa plantea 71 temas prioritarios y según reza la nota de prensa del Congreso «es el resultado del esfuerzo concertado entre los grupos parlamentarios y la presidencia del Consejo de Ministros, tal y conforme lo estipula el artículo 29 del Reglamento del Congreso«.
El artículo en mención señala que:
«Al inicio del período anual de sesiones, los Grupos Parlamentarios y el Consejo de Ministros presentarán una propuesta detallando los temas o proyectos de ley que consideren necesario debatir y aprobar durante dicho período. El Pleno del Congreso votará la inclusión en la Agenda Legislativa de estos proyectos, incluyéndose en la misma sólo a los que obtengan mayoría simple. El debate de estos proyectos de ley tiene prioridad, tanto en Comisiones como en el Pleno del Congreso, salvo lo dispuesto por el artículo 105 de la Constitución Política del Estado y no impide que puedan dictaminarse y debatirse otros proyectos»
.Si consideramos que el período anual de sesiones inició el 27 de julio, y viendo cuáles han sido las «prioridades» del Parlamento (ver nota) existe un ligero retraso en el proceso.
¿Qué temas plantea la agenda legislativa?
La agenda que debe pasar por el Pleno del Congreso para luego ser priorizada por las comisiones ordinarias «para alcanzar el objetivo de consolidar la democracia y Estado de derecho» está conformada por 20 temas legislativos basados en la defensa del principio constitucional de balance y equilibrio de poderes, fortalecimiento de la seguridad jurídica y la institucionalidad.
También, figuran reformas constitucionales, reforma del reglamento del Congreso, elección de altos funcionarios del Estado, así como la modificación de la ley de organizaciones políticas y de las leyes electorales.
Sobre estos temas, ya el Congreso ha acelerado el paso a trompicones, la comisión de Constitución aprobó un dictamen sobre la reforma a la cuestión de confianza, la cual fue aprobado como un proyecto normal en el Pleno del Congreso, a pesar que debió tratarse como una reforma constitucional la cual debe ser aprobada en dos legislaturas, es decir de haberse discutido de forma regular, recién el próximo año debió verse su aprobación final.
Sin embargo, en la víspera la presidenta del Congreso pechó nuevamente al presidente Castillo y tras llamarlo «mentiroso» le solicitó -junto a representantes de siete bancadas- que promulgue la norma aprobada que le quita al Ejecutivo prerrogativas sobre este tema y de paso lo debilita.
“Exhortamos que el presidente promulgue la ley interpretativa de cuestión de confianza, y esto para que exista un real equilibrio de poderes”, @MaricarmenAlvaP .
— Congreso del Perú (@congresoperu) October 5, 2021
La agenda también plantea la regulación de los requisitos para ser ministro de Estado, la transparencia en la gestión pública y la modificación del régimen tributario están comprendidas en el objetivo de afirmar la democracia y el Estado de derecho.
Sobre el tema de los ministros ya existe un proyecto trabajado por la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado debatirá que este martes discutió el predictamen de tres proyectos de ley que proponen la modificación de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (LOPE) con el propósito de fijar requisitos para la designación de ministros y viceministros de Estado.
Según lo discutido en este grupo de trabajo presidido por Norma Yarrow (Avanza País) se establece que no podrá ser nombrado ministro o viceministro aquella persona que tenga sentencia condenatoria en primera instancia, en calidad de autor o cómplice, por delito doloso, así como estar inhabilitado para ejercer cargo público.
Asimismo, se considera que con 24 horas de anticipación a la juramentación se debe publicar en el portal de la Presidencia de Consejo de Ministros (para el caso de ministros) y en el portal de cada sector (para caso de viceministros) la resolución de nombramiento que corresponda con un anexo que contiene la declaración jurada del funcionario nombrado.
El tema también ha sido visto en la comisión de Constitución que preside la fujimorista Patricia Juárez. ¿Para cuando la norma para congresistas?
Lo positivo de la agenda
Si el Congreso de verdad quiere trabajar, entonces se verá con buenos ojos lo que plantea su agenda con relación a la política estatal de erradicación de la violencia y el fortalecimiento del civismo.
Ah{i buscan promover la aprobación de leyes «que fortalezcan la seguridad ciudadana y la lucha contra el crimen organizado, así como la dación de normas contra los delincuentes extranjeros. También, fija medidas de apoyo a las tareas de la Policía Nacional del Perú, de los bomberos voluntarios, así como el fortalecimiento del proceso de descentralización y el financiamiento de los gobiernos regionales y locales«.
Estipula también que en materia de equidad y justicia social, se haga el seguimiento al programa Hambre Cero, la promulgación de leyes para atender los problemas de las personas con discapacidad y para mejorar la educación, así como la reforma magisterial (Tema en el que Perú Libre tiene una clara intención -junto al fujimorismo- de reducir la calidad de las evaluaciones para el nombramiento docente, sino la eliminación de la ley de reforma magisterial).
Ojo que la agenda también le presta atención a la modificación de la ley universitaria en materias de bachillerato automático (que ahora se plantea ampliarla hasta el 2023), licenciamiento (¿alguien dijo Telesup?) e ingreso libre a las universidades, que es un proyecto impulsado por el Ejecutivo.
Finalmente hay aspectos relacionados a la reforma y modernización del sistema de salud, para superar los efectos de la pandemia de la COVID-19 y resolver los requerimientos de los profesionales de salud, la normatividad laboral, competitividad del país, promoción del turismo, la ciencia y tecnología, entre otros.
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