Cierre del Consejo de Reparaciones sería inminente

Lima, Perú (CNR).- El registro de las víctimas de la violencia política de los años 80 y 90 para que tengan acceso a la justicia y las reparaciones se suspendería desde este viernes por la falta de presupuesto que la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) le asignan al Consejo de Reparaciones (CR).

“Si no hay inscripción no hay reparación”, es el grito con el que los trabajadores de esta organización protestan ante el casi inminente cese de sus labores, con lo que se truncaría la meta a diciembre de registrar a 90 mil personas.

Así, este fin de semana, el Consejo de Reparaciones prácticamente dejaría de funcionar, ya que su personal se reduciría a sólo seis personas. El vocero de los trabajadores George Farfán informó que el total de víctimas del proceso de violencia supera las 280 mil, y hasta la fecha se ha registrado a 61 mil 216.

“Requeríamos de 800 mil para último trimestre de este año, pero al no cumplirse van a quedar sin registrar unas 33 mil personas”, destacó.

Giselle Canales, también vocera de los trabajadores, mencionó que luego de la carta que le remitieron al premier Javier Velásquez dando cuenta de su preocupación, la Defensoría del Pueblo solicitó también a la PCM y al MEF que atiendan con urgencia el requerimiento presupuestal del Consejo de Reparaciones.

Por su parte, el despacho del primer ministro envió también una misiva al MEF transmitiendo la demanda. Sin embargo, el oficio que remite el primer adjunto a la Defensoría del Pueblo, Eduardo Vega Luna, a Velásquez Quesquén solicita, independientemente del resultado de las gestiones ante el MEF, “evaluar una nueva priorización de fondos en su pliego presupuestal”.

En buena cuenta, la Defensoría del Pueblo emplaza a la PCM a transferir los 800 mil soles que requiere el consejo para seguir funcionando y de todos los gastos que tiene priorice esta demanda.

Los voceros laborales del Consejo de Reparaciones advirtieron que hay un mensaje contradictorio entre el anuncio del gobierno de entregar reparaciones individuales a partir del 2009 y la indiferencia hacia el organismo que hace el registro de los beneficiarios de esas reparaciones.

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