Esto causó la reacción de Raida Cóndor y Gisela Ortiz, familiares de dos víctimas de la matanza de La Cantuta, quienes aseguraron no haber tenido ninguna gracia por parte de la justicia peruana.
Raida Cóndor afirmó que hasta ahora no puede encontrar justicia, pues cuando parece lograr algo de paz vuelven al ataque acusando a ella y a su hijo de ser terroristas.
Para COMISEDH la norma fue aprobada sin tener en cuenta un adecuado proceso de consulta a las asociaciones de víctimas y familiares de los organismos de derechos humanos que plantearon diversas propuestas para promulgar una norma que cumpla con los intereses de los afectados durante el Conflicto Armado Interno vivido en nuestro país entre 1980 y 2000.
«El monto establecido por el Decreto Supremo mencionado, es absolutamente irrisorio (Diez mil soles) e incoherente con lo que se dispone a nivel de estándares internacionales de derechos humanos que, por ejemplo, han otorgado indemnizaciones de alrededor de 200 mil dólares, expresando además una profunda insensibilidad frente a las víctimas», señala COMISEDH a través de un comunicado.
