Compartir

Foto: Spacio Libre
Lima, Perú (La República).- Pese a que la última encuesta de Apoyo muestra a un país contra el indulto al ex mandatario Alberto Fujimori, su abogado César Nakazaki se aferra a que cuentan con las condiciones requeridas para solicitar el indulto humanitario.

Esto causó la reacción de Raida Cóndor y Gisela Ortiz, familiares de dos víctimas de la matanza de La Cantuta, quienes aseguraron no haber tenido ninguna gracia por parte de la justicia peruana.

Raida Cóndor afirmó que hasta ahora no puede encontrar justicia, pues cuando parece lograr algo de paz vuelven al ataque acusando a ella y a su hijo de ser terroristas.

“La justicia no puede ser a medias, te la doy y te la quito sin ninguna consideración, un indulto de esa manera es como si volvieran a matar a mi hijo”, reclamó.

“¿Quién escucha a las víctimas? ¿Dónde quedan las disculpas si están buscando burlar la justicia y la condena? Nosotros también somos peruanos. Él (Fujimori) está vivo, en una cárcel dorada y lo llevan al hospital cuando quiere, en cambio mi hijo está desaparecido, no he podido enterrar su cuerpo”, dijo la madre de Armando Amaro.

“Fujimori no es víctima, no está enfermo. Su hija buscó la presidencia de la República para liberarlo, pero Dios es grande y no lo permitió y ahora viene con esto del indulto humanitario que ellos nunca dieron a las víctimas”, enfatizó.

Según Gisela Ortiz, es sospechoso que a solo tres años de cumplir condena se quiera beneficiarlo.

“Me parecería una burla que indultaran a alguien en tan poco tiempo. Además no ha cumplido con el pago de las reparaciones económicas a las víctimas”, advirtió, y dijo que con este pedido los fujimoristas se contradicen, pues admiten que Fujimori es culpable de todos los crímenes imputados.

El abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL) Carlos Rivera dijo que resultan sospechosas estas manifestaciones de trabajo conjunto entre el Apra y el fujimorismo, después de que un informe del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) especificara que Fujimori solo padece de un cáncer no terminal y controlado.

“No sé qué condiciones legales habrán cambiado en tan poco tiempo. Deben tener algo escondido para estar tan seguros”, explicó.
En ese contexto, el abogado indicó que la única manera de que el fujimorismo lleve a cabo su cometido será mediante la presentación de hábeas corpus que anule las condenas por corrupción y violación de derechos humanos.

El ex procurador anticorrupción Ronald Gamarra expresó que esta estrategia del fujimorismo tampoco procedería, pues el Tribunal Constitucional solo podría declarar la nulidad de una sentencia de la Corte Suprema si esta ha sido dada en contra de los principios constitucionales. En el caso de Fujimori se alega una falta de imparcialidad de los magistrados.

“Eso no tiene argumento jurídico. Solo cuestiona la imparcialidad y no el contenido”, apuntó.

Según Gamarra, las movidas jurídicas tras el resultado electoral refuerzan una decisión política que puede adoptar Alan García a poco de finalizar su mandato.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

4 × 2 =