Lima, Perú (Spacio Libre).- A un mes de cumplirse dos años de la masacre producida en Bagua, el Consejo Directivo de la Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) denunció que el gobierno continúa con su persecución contra los dirigentes indígenas, por dichos sucesos.
La denuncia se basa en la decisión de la Fiscalía Provincial Penal de Utcubamba, que determinó el apersonamiento de Carlos Navas, ex coordinador de la Comisión Investigadora de Bagua; Salomón Awananch, vocero de la organización indígena; Leandro Calvo, ex dirigente de ORPIAN y Santiago Manuim, actual consejero regional y herido la madrugada del 5 de junio, citándolos bajo el «apercibimiento de la fuerza» y, en el caso del último, declararlo reo contumaz.
Para Carlos Navas, esta acción es un intento del gobierno, de dejar el caso enterrado, sin que nadie pueda revisarlo y solo responde a su miedo pues los pueblos han declarado públicamente que al término de su presidencia, lo denunciaran por crímenes de lesa humanidad; así como también a Mercedes Cabanillas, entonces ministra del Interior por sus acciones políticas equivocadas.
De acuerdo a la notificación judicial, lo que pretende la fiscal Olga Bobadilla es acusar a los dirigentes indígenas de homicidio culposo cuando hay un informe de la propia Junta de Fiscales de Amazonas que determinó que los hermanos indígenas no habían disparado ningún arma pues se les realizó la prueba de absorción atómica que salió negativa.
Asimismo, la organización indígena mostró su sorpresa pues este documento, fechado el 28 de abril pasado recién llegó hoy 11 de mayo, un día antes del inicio de las conversaciones entre el gobierno y la AIDESEP para ver el proceso de de la aprobación de la Ley de Consulta y la Ley Forestal y Fauna Silvestre.
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