Por cinco votos contra cuatro, la mayor instancia judicial del país consideró que la pena de muerte constituye un «castigo cruel e inhabitual» prohibido por la Constitución «en caso de violación a un niño cuando el crimen no generó la muerte y no tenía por objetivo generar la muerte».
«El recurso a la pena de muerte debe reservarse a los peores de los crímenes y limitado en su aplicación. En la mayoría de los casos, la justicia no se logra mejor poniendo fin a la vida del culpable sino encerrándolo y preservando la posibilidad de que él y el sistema le permitan comprender la enormidad de su crimen», concluyó el Supremo en su decisión, redactada por el juez Anthony Kennedy.
Aunque las violaciones pueden ser particularmente atroces, es imposible establecer una lista de circunstancias agravantes que justifiquen la pena capital sin dejar demasiado espacio para arbitrariedades, puntualizó el texto.
La precisión fue criticada por los dos candidatos a la Casa Blanca. «Creo que la violación de un pequeño de seis u ocho años es un crimen horrendo», dijo el demócrata Barack Obama. «La pena de muerte debe ser aplicada en circunstancias muy específicas» y el Supremo «debería haber limitado el recurso a casos de violación en vez de asentar una prohibición general», estimó.
Su adversario republicano, John McCain, fue aún más inflexible al encontrar «profundamente alarmante (…) que pueda haber en Estados Unidos algún juez que no considere la violación de un niño el peor de los crímenes, que merece el máximo castigo».
Desde hace algunos años en Estados Unidos se ha endurecido la legislación contra los violadores de niños, a menudo pasibles de penas de hasta 25 años de prisión. Media docena de estados incluso autorizan su condena a muerte. El estado de Luisiana (sur) fue el primero en adoptar esta medida en 1995, y el primero en aplicarla: Patrick Kennedy, de 43 años, fue condenado a muerte en 2003 por la violación de la hija de su compañera en 1998, cuando la niña tenía ocho años.
La última ejecución en Estados Unidos de un reo no implicado en un asesinato se remonta a 1964. En 1977, el Tribunal Supremo invalidó la condena a muerte de un violador de una mujer adulta, por estimarla desproporcionada. Pero en mayo de 2007, el Tribunal Supremo de Luisiana validó la condena de Kennedy, estimando que la decisión de 1977 no se aplicaba al caso de violación de una niña de menos de 12 años.
Además de Luisiana, Texas (sur), Oklahoma (sur), Carolina del Sur (sureste), Georgia (sureste) y Montana (noroeste) decidieron que los violadores de niños son pasibles de ser condenados a muerte, en general en casos de reincidencia.
La justicia no obstante ha recurrido a esa pena en pocas oportunidades: solo otro violador fue condenado a muerte hace unos meses, también en Luisiana, por haber agredido en reiteradas oportunidades a la pequeña de sus vecinos durante 2004.
La idea de aplicar la pena de muerte a los violadores que no mataron a su víctima parece ir a contracorriente de la evolución de la opinión en el país, donde la pena de muerte ha perdido terreno ante sonados casos de errores judiciales y ejecuciones fallidas. Además, no es avalada unánimemente, ni siquiera entre las organizaciones de defensa de las víctimas, que temen que si se introduce la pena capital los violadores no tendrán ningún motivo para salvar la vida de sus jóvenes víctimas.
Tras la decisión del Tribunal Supremo, la sentencia de los dos hombres condenados en Luisiana cambiará a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.
Foto: AFP
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