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El 9 de setiembre de 1995, el entonces presidente Alberto Fujimori creó el «Plan de salud pública», que utilizaba diversos métodos anticonceptivos, entre ellos, la esterilización quirúrgica, con el objetivo de reducir la tasa de fecundidad en los sectores más pobres. Mucho se ha criticado esta medida, pero poco se ha hecho para reparar el daño ocasionado.

Esperanza Huayama, de Huancabamba (Piura), contó su testimonio tras ser esterilizada contra su voluntad en el régimen fujimorista / Foto: Amnistía Internacional
Esperanza Huayama, de Huancabamba (Piura), contó su testimonio tras ser esterilizada contra su voluntad en el régimen fujimorista / Foto: Amnistía Internacional

Por Marquiño Neyra
@AndyNeyraY

Ante tal panorama, Amnistía Internacional lanzó una campaña mundial para exigir un registro de víctimas de esterilizaciones sin consentimiento en Perú, garantizando justicia y reparaciones para miles de peruanos víctimas

de esterilizaciones forzadas.

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En un informe de la Defensoría del Pueblo, se precisa que se cometieron 272.028 operaciones de ligaduras de trompas y vasectomías en todo el país entre los años 1996 y 2001. Sin embargo, a pesar de ser una de las violaciones más emblemáticas del fujimorato, no se conoce con exactitud el número de mujeres que fueron operadas sin su consentimiento.

“El gran número de esterilizaciones forzadas que tuvieron lugar en los 90 en el Perú ha dejado una ola de sufrimiento que solo podrá comenzar a remediarse si sus víctimas tienen acceso a la justicia y a reparaciones,” señaló Erika Guevara-Rosas, directora de las Américas de Amnistía Internacional.

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Miles de mujeres se movilizan y esperan justicia / Foto: Francisco Pérez García (Spacio Libre)
Miles de mujeres se movilizan y esperan justicia / Foto: Francisco Pérez García (Spacio Libre)

Cabe recordar que las esterilizaciones sin consentimiento previo constituyen una grave violación a los derechos humanos. Sus cuerpos como sus derechos fueron vulnerados contra su voluntad, con engaños, amenazas e información falsa.

“Gran parte de las mujeres afectadas son indígenas y campesinas de bajos recursos y quechua hablantes cuya salud se vio afectada y deteriorada como consecuencia de los procedimientos quirúrgicos a los que fueron sometidas sin ser debidamente informadas”, expresó Marina Navarro, directora ejecutiva de Amnistía Internacional en Perú.

Además, alegó que se han vulnerado los derechos a la integridad corporal, la salud, la intimidad, la vida familiar y la no discriminación, incluyendo casos donde se ha violado el derecho a la vida. El consentimiento informado para decisiones tan personales como una esterilización de carácter definitivo, forma parte de la autonomía de cada persona protegida por los tratados internacionales de derechos humanos.

Se espera que al fin se logre develar toda la cadena de responsables de lo sucedido / Imagen: Amnistía Internacional
Se espera que al fin se logre develar toda la cadena de responsables de lo sucedido / Imagen: Amnistía Internacional

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Asimismo, la organización publicó un video realizado por “Proyecto Quipu” con testimonios de víctimas de esterilizaciones sin consentimiento de la provincia de Huancabamba en Piura, donde demuestran la forma en que las mujeres fueron engañadas y operadas sin que tuvieran conocimiento.

“Como las mujeres campesinas hemos sido analfabetas ellos han hecho lo que han querido”, reveló Esperanza, una mujer huacabambina de 59 años, víctima de la esterilización forzada en la sierra norte de Perú.

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