Lima, Perú (DEMUS).- La vulneración a los derechos de miles de mujeres pobres, quechuahablantes, de zonas rurales e indígenas durante el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar del régimen fujimorista fue y sigue siendo un tema sensible para la ciudadanía y como tal, causó el compromiso político del presidente Humala para no permitir la impunidad de los responsables.

“Es hora de determinar la real magnitud del daño producido, es decir el número de mujeres que fueron esterilizadas sin su consentimiento, los mecanismos que se utilizaron en la ejecución, así como las consecuencias de esas prácticas, e iniciar el camino hacia la reparación” sostuvo Rossy Salazar, responsable de la Línea Jurídica de DEMUS.

“¿Cuántas mujeres fueron esterilizadas contra su voluntad durante el fujimorato? Es una de las preguntas sin respuesta, que se podría resolver mediante la implementación de un sistema de registro, que permitiría reparar a las víctimas” precisó Salazar.