El caso Las Bambas y el accionar de la policía en conflictos socioambientales pone de manifiesto nuevamente cuál es el papel de los agentes estatales en estos hechos. ¿Cuidar el orden?, ¿Proteger los bienes públicos o privados? o ¿Convertirse en elementos privados de seguridad de las empresas mineras? Una investigación de la abogada cusqueña Ruth Luque, entrevistada por el equipo de Gran Angular, revela algunos detalles sobre los convenios que firma la Policía Nacional con las empresas mineras para darles seguridad al mejor estilo de una empresa privada.
Redacción Spacio Libre
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Foto de portada: La República
Las veces en que la policía ha sido acusada de ser una especie de «guachimanes» de la empresa minera han sido varias. Las más recordadas son las de la empresa minera Majaz (ex Río Blanco) que se encargó de financiar la permanencia y alimentación de policías traídos de Lima para repeler las manifestaciones en contra de sus proyectos mineros. Incluso un grupo de policías fue acusado de torturar a manifestantes que fueron detenidos y trasladados a terrenos de la minera.
En Cajamarca también se presentó una situación similar. Desde los últimos ataques a Máxima Acuña y su familia por parte de agentes de seguridad (algunos señalan que policías) de la empresa Yanacocha. Hasta el arresto violento contra el hoy congresista Marco Arana y las acciones contra los manifestantes contrarios al proyecto minero Conga.
En todos estos casos, el punto en común es el accionar de la policía que culmina en casi todos los casos con un muerto al menos y una cantidad de heridos.
Para la abogada Ruth Luque, abogada de la ONG Derechos Humanos sin Fronteras, existe un actitud «mercenaria» en la policía al momento de aplicar los convenios de protección firmados con las empresas mineras.
Entrevistada por la web Gran Angular, Luque revela los detalles de los convenios suscritos en la región Cusco entre las mineras Xstrata, Quechua y Hubday con las direcciones regionales de la Policía Nacional. Luque logró acceder a esta información a través de una orden judicial, luego que desde hace dos años la policía viniera negando la posibilidad de acceder a dicha información.
Luque asegura que son preocupantes estos convenios. Y señala que existe una relación directa entre las regiones policiales y las empresas mineras, bajo la cual un determinado número de efectivos policiales dotan de seguridad privada a la minera. Por este servicio -asegura Luque- la policía recibe una contraprestación económica, en torno a 100 soles diarios por agente, y 150 soles diarios los jefes del mando superior.
En el caso de Las Bambas, señala que la región policial del Cusco recibe «una cantidad de dinero, en torno a los 20 mil soles al mes. Se percibe una relación económica patrimonial: la policía se ‘mercenariza’ cuando brinda seguridad a la minera.»
Señala también que:
En los convenios hemos encontrado algunas claúsulas que determinan que el policía que brinda servicios de seguridad a la mina, en el caso de que viera algún hecho vinculado a su actividad, no puede comunicarlo a nadie y solo tiene que reportarlo a la empresa. ¿Qué sucede si un efectivo policial está brindando seguridad y ve a un comunero que está siendo afectado en sus derechos o ve un derrame? ¿Ese policía no lo va a informar, obviando su deber como servidor público?
Hay temas de fondo que demuestran la necesidad de que estos convenios se deroguen de manera automática y las empresas mineras no gocen de ningún otro privilegio: que ellos contraten de manera directa la seguridad. Detrás de ello está el tema de la conflictividad, porque si tenemos a efectivos policiales brindado seguridad en un momento de estallido social ¿va a proteger la seguridad de la empresa o va a defender la seguridad de la población?
OFICINAS POLICIALES EN LOS CAMPAMENTOS MINEROS
La abogada señala que estos convenios permiten la instalación de oficinas policiales al interior de los campamentos mineros.
Así sucedió en Espinar, aunque las fuerzas policiales lo negaron categóricamente y dijeron que se trataba de una simple oficina para el tema de desactivación de explosivos. Estas “oficinas” ofrecen una serie de beneficios a la policía en cuestiones logísticas. Entonces uno entiende por qué en el marco de los conflictos, la policía detiene a la población, la gente es detenida en el campamento minero, recepcionan sus declaraciones al interior del campamento minero y la fiscalía desarrolla de manera “normal” sus diligencias al interior. Ha pasado en el caso Espinar y se ha repetido en el caso Las Bambas con muchísima normalidad.
Los convenios son firmados por el Ministerio del Interior (aló señor Basombrío) sin embargo, Luque asegura que el sector le ha dado a las regiones policiales la posibilidad de suscribir estos convenios de forma directa, incluyendo adendas «Esta situación se agrava más porque en los últimos años se ha ido permitiendo la instalación de ‘frentes policiales’, precisamente, en territorios donde hay mayor conflictividad para garantizar la inversión».
Un frente policial es una especie de entidad que no responde a su región policial sino que depende directamente de Lima y que se establece en territorios donde hay cierta conflictividad. En el caso de Espinar, el frente policial se encuentra en Sicuani y está para brindar seguridad inmediata, rápida, incluso trabajo de inteligencia para las zonas de Espinar y Chumbivilcas. Cada frente policial está a cargo además de un contingente policial, por ejemplo el Frente Policial de Espinar puede movilizar rápidamente 200 policías. Esto hay que vincularlo con el tema de los convenios porque en algunas cláusulas mencionan que la empresa minera puede comunicarse directamente con la policía.
(…) En territorios donde hay una mayor lejanía del Estado esta situación es mucho más compleja, un ejemplo muy claro es Chalhuahuacho, una zona sumamente alejada con una población muy pequeña que prácticamente convive a metros del proceso de explotación en las Bambas [Apurímac].
La Fiscalía de Chalhuahuacho no tiene logística, no cuenta con movilidad propia y tiene que depender de la policía para todas sus investigaciones, pero ésta a su vez brinda servicios de seguridad a la empresa. Parece complejo exigirle a la fiscalía una una investigación independiente. A esto hay que sumarle la gran capacidad operativa que tiene la empresa MMG, Las Bambas. Esta empresa está muy bien representada por un grupo de abogados que actúan de manera permanente, constante, presentando escritos, denuncias. O sea, no es una empresa que está pasiva: está actuando y denunciando. Esto genera una situación de suma desigualdad ante la población. Lo que necesitamos es pues ministerios públicos bien equipados, con una gran logística, mayor cantidad de fiscales, asistencia judicial, equipos… Hay una serie de carencias que son difíciles para territorios como Apurímac, por ejemplo, donde el acceso a la justicia es sumamente complejo.
«LAS EMPRESAS NO ESTÁN RESPETANDO SUS COMPROMISOS»
Si bien son convenios legales amparados por la ley policial y un decreto supremos, existe una situación de vulneración de derechos. Para la abogada estos convenios son inconstitucionales porque «la Constitución le da un mandato a la policía nacional en términos de seguridad a favor de toda la población. Entonces se están vulnerando abiertamente los derechos de seguridad, de igualdad, discriminando a un sector de la población (…) bajo el marco de los principios de seguridad y derechos humanos las empresas no están respetando sus compromisos».
«Empresas como Las Bambas o Glencore-Xstrata han suscrito estos principios, pero en la práctica no sabemos lo que estas empresas están haciendo para prevenir y garantizar los derechos de las poblaciones que están alrededor de sus explotaciones. Creo que la empresa privada debería acceder a servicios de seguridad privada finalmente.
Necesitamos abrir una discusión jurídica sobre si la empresas extractivas además son responsables civil y penalmente de las vulneraciones a derechos humanos que se están cometiendo, porque están permitiendo-de manera directa o indirecta- que estas situaciones se generen. No podemos permitir que toda la responsabilidad recaiga sobre el Estado. Ante la cantidad de muertes producto de los conflictos sociales las empresas tienen que responder sobre esto.»
Sobre el autor
Francisco Pérez García
[…] y derechos humanos en empresas extractivas realizada en 2012 (disclaimer, en la que participé) y los documentos obtenidos por la abogada Ruth Luque gracias a una orden judicial, el Estado no ha hecho públicos los convenios entre las empresas extractivas y la PNP, lo que ha […]
[…] y derechos humanos en empresas extractivas realizada en 2012 (disclaimer, en la que participé) y los documentos obtenidos por la abogada Ruth Luque gracias a una orden judicial, el Estado no ha hecho públicos los convenios entre las empresas extractivas y la PNP, lo que ha […]