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Foto: Jacob Reyes, Correo
Foto: Jacob Reyes, Correo

 

Por: Ricardo Alvarado

Ayacucho, fines del año 2000: El régimen de Alberto Fujimori acaba de caer y se rumorea que el gobierno de transición creará una Comisión de la Verdad que investigará los crímenes ocurridos durante la violencia política. Simultáneamente, empiezan a surgir denuncias sobre decenas, y luego centenares, de fosas que contienen cadáveres de personas desaparecidas o secuestradas; la prensa independiente se apresura a tomar testimonios, improvisar excavaciones, sacar reportajes.

El número de excavaciones improvisadas fue lo suficiente grande como para impulsar al grupo de antropólogos forenses que luego fundaría el EPAF a tomar medidas urgentes. Primero, a través de comunicados; luego, haciendo coordinaciones con los medios de prensa; por último, capacitando -con apoyo de la Defensoría del Pueblo- a los hombres y mujeres de prensa en el adecuado tratamiento de los sitios de entierro.

Cordial, pero firmemente, los antropólogos forenses explicaron a los periodistas que excavar es una labor delicada, que puede revelar evidencia pero también destruirla de manera irreparable; que para la obtención de la primicia basta con verificar la existencia de la fosa; y que esto se puede realizar sin necesidad de disturbar su valioso contenido. También se les explica que una fosa común no es sólo un sitio en el cual se depositan huesos; que contiene en muchos casos la identidad de las víctimas, las esperanzas y los recuerdos de los familiares, y que por ello -más allá de las responsabilidades de orden penal- disturbar una fosa para obtener una efímera primera plana equivale a un grave crimen.

Pangoa, año 2014: Un conglomerado de medios «acompaña» una de las intervenciones masivas del Ministerio Público. Ignorando las advertencias antes mencionadas -que durante y después de la Comisión de la Verdad, fueron parte del sentido comùn de la abrumadora mayoría de la prensa-, los corresponsales de diarios y TV no se limitan a verificar la existencia de las fosas y tomar testimonios; participan en las excavaciones improvisadas, toman fotos, filman, preguntan: «¿Esto es un brazo? ¿Esto es una pierna? ¿Estas son las ropas de su familiar?».

Finalmente, se anuncia que se ha encontrado la fosa más grande del Perú, con 800 cuerpos de personas asesinadas por Sendero Luminoso. No importan las objeciones de los expertos: nunca se ha encontrado una fosa tan grande, los terroristas no solían enterrar a sus víctimas, se requeriría maquinaria pesada o un gran contingente de enterradores… Todo vale para levantar la noticia, hasta calumniar a la CVR (que, sin una denuncia previa, no tenía manera de saber que en el caserío «Saigón» había sitios de entierro) y a la CMAN (que pasó por allí y no obtuvo ningún testimonio sobre semejante acontecimiento).

También vale jugar en pared con un general del Ejército, entrevistar a un supuesto agente de la PCM, que ni siquiera era funcionario público, sino director de una ignota ONG. Y, desatado el escándalo, continuar levantando las 800 supuestas víctimas, sólo que ahora no son asháninkas, sino matsiguengas; mañana serán nomatsiguengas, y pasado quien sabe. O atribuir la matanza de Putis a Sendero Luminoso. O retener al corresponsal de un medio rival en una base militar para mantener la «exclusiva».

Dejo a criterio de los lectores evaluar si, en 14 años de transición democrática, hemos mejorado o empeorado

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