Foto: Poder Judicial (Archivo)Lima, Perú (Spacio Libre).- Luego de los procesos judiciales en materia de derechos humanos, en especial el juicio contra el exdictador Alberto Fujimori, urge hacer una revisión de los avances y retrocesos en esta materia.
Por tal motivo, el Instituto de Defensa Legal (IDEELE) y la George Mason University realizarán esta tarde la Conferencia “El Proceso de Justicia frente a los Crímenes contra los Derechos Humanos. Una mirada desde el Perú y Argentina”.
El encuentro, tiene como objetivo realizar un balance del proceso de judicialización de las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas en el Perú durante el conflicto armado interno en los últimos años.
Según esta propuesta, se entiende como feminicidio el acto por el cual «un hombre mata a una mujer con quien mantiene o mantuvo vínculo sentimental», este delito será sancionado con pena de prisión no menor de quince años.
Cabe señalar, sin embargo, que si bien este dictamen pertenece a la comisión de la Mujer, falta esperar la decisión de la comisión de Justicia y Derechos Humanos, según reportó el Congreso en su cuenta de Twitter.
Foto: CNRLima, Perú (Spacio Libre/ADEHR).- Las 14 Delegaciones Regionales de la Coordinadora Nacional de Víctimas y Afectados por la Violencia Política del Perú (CONAVIP) se movilizarán este martes 22 de noviembre por las calles de Lima hasta la sede del Congreso de la República para exigir mayor interés del Estado en materia de derechos humanos.
«Pese a que ya pasaron más de 100 días de mandato del presidente de la República, Ollanta Humala, las víctimas de la violencia no hemos tenido ninguna señal concreta de solución a nuestras demandas respecto a verdad, justicia, reparación y memoria. Por el contrario, algunos representantes del Estado están promoviendo la impunidad al plantear «Amnistía» para violadores de derechos humanos o el «Punto Final» planteado por el ministro de Defensa, Daniel Mora», alertó, Doris Caqui representante de CONAVIP.
Caqui, sostuvo que estas acciones evidencian la falta de compromiso del Estado y pone en grave riesgo el acceso a la justicia para las víctimas de la violencia política.
Asimismo, denunció que la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN), entes responsables de atender y resolver las demandas de las víctimas no han tenido la capacidad y la voluntad de derogar el Decreto Supremo 051 – PCM- 2011 (establece que el proceso de determinación e identificación de los beneficiarios del Programa de Reparaciones Económicas concluirá el 31 de diciembre de 2011, fecha en que se procederá a su cierre).
