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Redacción Spacio Libre
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Foto de portada: El Comercio

Luego de nueve horas de lectura, el juez Víctor Zúñiga, titular del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Especializado en Delitos de Crimen Organizado decidió declarar fundado en parte el pedido del fiscal José Domingo Pérez para aplicar la prisión preventiva contra Keiko Fujimori.

En principio el pedido fue de 18 meses, sin embargo el magistrado consideró que la medida sea de 15 toda vez que es un plazo adecuado para que el Equipo Especial del caso Lava Jato proceda en este tiempo a pasar el control de la acusación fiscal y así iniciar el juicio oral contra la excongresista.

Zúñiga, quien consideró más de 240 elementos probatorios para justificar la medida, señaló que existen graves sospechas sobre el accionar de Keiko Fujimori en el manejo del dinero no declarado que ingresó a la campaña de Fuerza 2011 -hoy Fuerza Popular- y que fue «pitufeado» y lavado para evitar ser declarado a los organismos competentes.

El magistrado recogió los alegatos de Pérez Gómez y consideró los testimonios de testigos y colaboradores eficaces, desvirtuando los argumentos de la abogada Giulliana Loza quien buscaba no tomar en cuenta los testimonios protegidos. El juez recordó que según la jurisprudencia, en esta etapa del proceso los testimonios protegidos no tienen porque ser realizados con la presencia de la defensa de los acusados.

Zúñiga tomó en cuenta los alegatos que consideraban a Keiko Fujimori como cabecilla de una organización criminal enquistada al interior de Fuerza 2011 y que estaban basados en los testimonios de colaboradores eficaces que señalaban que la excandidata presidencial ordenaba y conocía las estrategias para ocultar los aportes monetarios de Odebrecht y las acciones para obstruir las investigaciones y procesos judiciales.

«El juzgado observa que existe corroboración periférica que permite concluir una sospecha grave de que Keiko Fujimori ordenaba actos que ocurrían en el partido, incluyendo que el dinero provenía de Odebrecht», señaló el magistrado en una parte de la lectura donde también reconoce el accionar de Jorge Yoshiyama y Rolando Reátegui bajo las órdenes de la hija del exdictador para encontrar falsos aportantes.

El juez Víctor Zúñiga también indicó que existen pruebas para corroborar los tres presupuestos para otorgar la prisión preventiva: fundada existencia del delito, basada en los elementos de convicción sobre todo la obstrucción a la justicia, posibilidad de fuga, falta de arraigo laboral y económico, y la carencia de trabajo y bienes.

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