Por: Jaime Canicoba / @Canicoba307
Para la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, el programa de esterilizaciones durante los años 90, que representó un hecho de violencia contra la mujer, se constituye en un delito sistemático de lesa humanidad al haber sido parte de una política de Estado. “El primer ente que debe responder por parte del Estado Peruano es el Ministerio de Salud, que estuvo en este programa, planteado en esta perspectiva de cuotas. Es algo que nunca más se tiene que volver a repetir en nuestro país”, afirma Rocío Silva Santisteban.
En segundo lugar, la directora ejecutiva de la CNDDHH incluye a la Defensoría del Pueblo al haber acompañado y sacado adelante varios de los casos. También se requiere de la Fiscalía de la Nación y el Ministerio Público: “es lo más importante que puedan sacar adelante las denuncias fiscales correspondientes y responsabilizar a aquellas personas que establecieron este tema de las cuotas y políticas que llevaron a muchas mujeres a sufrir estas esterilizaciones y a no permitirles volver a tener hijos, muchas de ellas sin siquiera saber de lo que se trataba”.
Por su parte, Carlos Rivera indica al Ministerio Público como la institución con mayor contacto a nivel directo con el IDL. También recordó que el sector Salud se resistió a dar información sobre la documentación a su disposición en el pasado inmediato, pero que superado el problema la información pasó a manos del Ministerio Público.
“En este momento es la Fiscalía la que tiene que ‘poner en alto el nombre del Estado Peruano’, pues estamos en realidad ante un crimen masivo que afectó la vida de gente, en los casos más graves significando la muerte de personas. Eso me parece que no debe quedar en la impunidad, ni como un ‘este es un asunto del pasado, borrón y cuenta nueva, pasemos la página y aquí no pasó nada’. Lo que se pretende es que eso justamente no ocurra”.
Emitiendo el parecer de DEMUS, Rossy Salazar refiere que el Ministerio de Justicia es uno de los entes gubernamentales que debe velar por la investigación que se dé, especialmente por el acuerdo de solución amistosa de María Mamérita Mestanza. También opina que el Ministerio de Salud debería tener una iniciativa, ya que en su momento fue el ente rector que vulneró a las mujeres.
Salazar señala que existe una iniciativa de salud en el MINSA desde la época de Toledo, que de este organismo depende se dé a conocer masivamente ya que sólo las mujeres de Anta conocen esta política. “Nosotros hemos tratado de publicitarla para que la gente conozca, pero si el propio Estado no lo publicita a nivel nacional, va a ser muy difícil”.
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