Martha Díaz, viuda del administrador Eduardo Ramirez, indicó, antes de su muerte, su fallecido esposo le informó que la minera había dispuesto rutas de escape en caso fueran atacados.
“No sabemos nada. Los policías que está averiguando lo ocurrido fueron denunciados por la congresista Marisol Espinoza, por delitos a los Derechos Humanos”, informó a través de CNR.
Denunció además que la jueza y el fiscal que llevan este caso reciben constantes amenazas. Incluso, el médico legista es objeto de amedrentamiento para que no cambie su primer informe, donde – según refiere Martha Díaz- no da cuenta de torturas en los cuerpos de las víctimas.
“Ellos fueron atacados por gente que no estaba encapuchada. Sabemos que existe un grupo de personas extremistas, que amedrentan a la zona. Lamentablemente, el día que hicimos la marcha estuvimos solos. Le mandamos una carta a Daniel Turley (obispo de Chulucana) pero no nos respondió”, precisó.
Por su parte, Rosa Ramírez, hermana del occiso, refirió que los trabajadores jamás recibieron amenazas por parte de los pobladores de la zona, por lo cual les extraña la agresión que costó la vida de Ramírez Montero.
“En esos momentos la mina no realizaba trabajos de exploración, solo hacían mantenimiento del campamento (…). La gente que los atacó se ensañaron con los trabajadores de la minera, porque se siente un odio en la manera como fueron asesinados. Supongo que fueron personas que estaban en contra del proyecto minero”, anotó.
La madrugada del 1 de noviembre, desconocidos incursionaron en el campamento de Río Blanco Copper (ex Majaz) en Huancabamba (Piura) causando la muerte de dos vigilantes y el administrador.
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