Lima, Perú (Alerta Perú).- Las autoridades judiciales establecer las responsabilidades por la muerte de cuatro civiles en las recientes protestas registradas en la provincia de Islay (Arequipa) y de Oyón (Lima), señaló Miguel Huerta, director general de la Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH).
A través de Alerta Perú, Huerta cuestionó el uso inadecuado de la fuerza que ha aplicado el gobierno aprista en los últimas manifestaciones, donde cuatro personas -entre ellas, un adolescente de 15 años- murieron a consecuencia de la intervención de la Policía Nacional.
Recordó que si bien la PNP puede apelar a la fuerza por mandato constitucional, existen normas nacionales e internacionales que delimitan su actuación. Citó, por ejemplo, el Manual de Derechos Humanos -aprobado en 2006- el cual recoge principios sobre el uso de la fuerza y, en particular, de las armas de fuego.
Al respecto, Huerta Barrón precisó que éstas últimas sólo deben ser empleadas en situaciones extremas, donde estén en peligro la vida de los efectivos o de terceros. Aparte de tal situación, sólo corresponde apelar a otros medios como la presencia física o el uso de armas no letales.
«Aparentemente, de acuerdo a las informaciones, las personas que han fallecido no habrían sido en circunstancias apropiadas sino habría un uso excesivo de la fuerza que debe ser investigado por los órganos judiciales correspondientes (…) habría que analizar inclusive si se dan situaciones de privación arbitraria de la vida», remarcó.
En ese contexto, invocó a las autoridades a no esperar a que se llegue a extremos de que conflictibilidad para recién abrir canales de diálogo. «(Hay que) atender los reclamos y pedidos de los pobladores, y sentarse a la mesa de negociación pero con soluciones concretas; porque lo que hemos apreciado muchas veces en este gobierno es que se habilitan las mesas después que se han dado las crisis con muertos de por medio y esas mesas muchas veces no llegan a soluciones, y por eso vuelven la situaciones de crisis».
Consideró que lo anterior será uno de los principales desafíos que encare el régimen que salga electo en los próximos comicios. «Será fundamental que el nuevo gobierno habilite medidas para procesar estas situaciones de conflictibilidad y atenderlas antes que lleguen al nivel de crisis. Eso es esencial», acotó.
Sobre el autor
