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Regiones, Perú (Spacio Libre).- “FEDEPAZ expresa su satisfacción por este importante pronunciamiento judicial en el que se reconoce que un funcionario público (cuya función era garantizar el respeto a los derechos humanos de todos los ciudadanos y denunciar los hechos que agravien esos derechos) no asumió su delicada responsabilidad de denunciar oportunamente graves hechos criminales y como tal que es merecedor de una condena penal, significando esta decisión judicial un mensaje directo a todos aquellos funcionarios públicos que si permiten, toleran, colaboran y/u omiten denunciar graves violaciones de derechos humanos serán procesados y sancionados de acuerdo a ley.”

Así se pronunció la ong FEDEPAZ, ente determinante en denunciar el atroz y sinvergüenza hecho que cometió Lorenzo Félix Toledo Leyva, ex Fiscal Provincial Mixto de Huancabamba, por no denunciar los hechos de torturas de los que fueron víctimas 28 campesinos en el campamento minero de la empresa Río Blanco Cooper S.A., en agosto del 2005.

En lugar de denunciar, Félix Toledo decidió archivar el caso y ocultar los hechos.

Lee los antecedentes:

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Los hechos

Era Junio del 2008 cuando Rosa Quedena, representante de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ), afirmaba la denuncia presentada por el delito de tortura a 28 comuneros (incluyendo la muerte de uno de ellos por herida de bala) de Huancabamba, Ayabaca y Pacalpampa (Piura), tras pedir la suspensión de las actividades de la empresa en el distrito de Carme de la Frontera. Los responsables eran efectivos policiales a cargo de la seguridad del campamento de Majaz.

Los hechos habían tenido fecha entre el 1 y el 3 de agosto del 2005.

Dentro de la denuncia se adjuntaban como pruebas archivos fotográficos y pericias médicas realizadas a las nueve víctimas.

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El castigo

El acusado se acogió al Juzgamiento Anticipado, admitiendo los hechos contenidos en la acusación fiscal y, de tal manera reconoció que los 28 campesinos fueron víctimas de tortura en el mencionado campamento de Río Blanco Cooper S.A. (ex Majaz). Además, confirma que omitió, en forma deliberada, denunciar dichas torturas ante el órgano judicial competente.

Toledo Leyva ha recibido una sentencia condenatoria que le impone:

  • Tres años de pena privativa de la libertad
  • Inhabilitación por un año para asumir función pública
  • Pago de s/. 6,000 por concepto de reparación Civil a favor del Estado

Esta sentencia prueba dos hechos fundamentales:

  1. Es la primera vez en nuestro país que se condena a un ex Fiscal que, incumpliendo sus labores y de forma deliberada omitió denunciar graves hechos de tortura.
  2. Que el reconocimiento de los hechos es una prueba irrefutable de que los 28 comuneros fueron torturados con participación de la empresa minera mencionada.

Esto deja la sensación de que se está haciendo justicia frente a este inhumano suceso, cabe resaltar que Monterrico Metals Plc, matriz de Río Blanco Cooper S.A. ya ha pagado las indemnizaciones a favor de las víctimas. Sin embargo, aun queda el vacío del Juicio Oral contra los autores mediatos y directos de las torturas.

La Fiscalía ha pedido 10 años para los efectivos policiales responsables

Por: Mario Ramos / @mariorm7

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