Lima, Perú (Spacio Libre con información de FEDEPAZ).- La Sala Penal de Apelaciones de Piura resolvió confirmar el archivamiento definitivo de la investigación preparatoria seguida contra siete dirigentes de rondas y comuneros miembros de la Comunidad Campesina de Segunda y Cajas (Huancabamba, Piura).
Los comuneros eran investigados por la fiscalía desde noviembre de 2009, por la supuesta comisión de los delitos de homicidio calificado y daños agravados, contra la empresa minera Majaz (hoy Río Blanco).
Como se recuerda el 10 de septiembre de 2010, la propia Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Huancabamba, ante la falta de elementos de juicio para imputar algún tipo de responsabilidad a los siete comuneros y por el pedido expreso de los abogados de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ), solicitó al Juzgado de Investigación Preparatoria de Huancabamba el sobreseimiento y archivo definitivo del proceso penal seguido contra los mencionados comuneros.
Al respecto representantes de FEDEPAZ, expresaron su satisfacción por el hecho de que se haya determinado por la propia fiscalía y por los órganos judiciales la inexistencia, por lo menos, de indicios o razón alguna que justifique el inicio de un juicio oral contra los aquí referidos comuneros.
Sin embargo, expresaron su preocupación por las declaraciones públicas poco responsables de los funcionarios de la empresa minera y del poder ejecutivo (del gobierno anterior) dando a entender, sin fundamento en la realidad, que en la región en la que se fija el proyecto minero se vivía una situación de extrema violencia motivada por la oposición al mismo de los comuneros.
Dicha «situación» fue la justificación para que se traslade a casi un centenar de policías a la citada región y se desatara una persecución penal injustificada que ocasionó los asesinatos y lesiones antes citada que, además motivó el inicio de una investigación penal contra las víctimas y sus familiares.
Por otro lado, FEDEPAZ se reitera en su exigencia de que el asesinato de los tres trabajadores de la empresa Río Blanco Copper S.A. no puede quedar en la impunidad, por lo que debe investigarse a partir de otras hipótesis que en su momento fueron señaladas como por ejemplo el ataque por delincuentes comunes y/o vinculados al narcotráfico, así como el auto-ataque de la misma empresa que indique una supuesta situación de violencia extrema en la zona y justifique su militarización que luego permita, con mayor facilidad, el desarrollo del proyecto minero.
Cabe recordar que en la madrugada del 01 de noviembre de 2009, el campamento minero de Río Blanco Copper S.A. fue atacado por personas desconocidas ocasionando su destrucción parcial y la muerte de tres de sus trabajadores.
Ante ello, los funcionarios de la empresa y autoridades políticas (como Javier Velásquez Quesquén primer ministro de aquel entonces) deslizaron la idea de que los autores del mismo serían miembros de las comunidades campesinas que se oponen al desarrollo del proyecto minero Río Blanco. por poner en grave riesgo el frágil ecosistema de la región.
Esta circunstancia motivó que, de manera inusual se traslade a más 50 policías (de Piura y de Lima) a la provincia de Huancabamba con el supuesto objeto de investigar seriamente los hechos, pero en realidad de los que se trató fue de iniciar una situación de persecución penal injustificada contra diferentes dirigentes y miembros de las comunidades campesinas y autoridades locales que se oponen, legítimamente, al desarrollo del proyecto minero arriba citado, por poner en grave riesgo el frágil ecosistema de la región. Así fueron citados más de 100 personas entre dirigentes de rondas campesinas, dirigentes comunales campesinos, alcaldes provinciales y distritales, etc..
En el desarrollo de esa persecución penal injustificada, el 2 de diciembre de 2009, con el pretexto de ejecutar ordenes de detención contra siete comuneros, ingresan violentamente a los terrenos de la comunidad y dan muerte a dos comuneros (quienes recibieron disparos de armas de fuego por la espalda y a escasos metros de distancia conforme lo acredita la pericia correspondiente) y lesionan de gravedad a más de 10 personas, una de las cuales sufrió la amputación de su pierna porque las balas le destrozaron la rodilla.
Y Sin embargo, a 15 comuneros, entre ellos a todos los heridos, se les abrió investigación fiscal por supuestos delitos de lesiones en agravio de los policías y daños a los vehículos que estos usaron durante su brutal represión.
El caso es que después de estos hechos sólo 2 de comuneros fueron detenidos y puestos en libertad a las 48 horas, al considerarse, por el Juez Penal de Chulucanas, que la detención preventiva solicitada por la fiscalía no tenía fundamento legal alguno.
Posteriormente, los otros 5 comuneros se presentaron a declarar, por propia voluntad, ante la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Huancabamba, dejándose sin efecto las detenciones preliminares dispuestas en su contra.
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