Lima, Perú (CAPS).- En conferencia de prensa familiares de víctimas del caso Cantuta, Barrios Altos, Santa, Pedro Yauri, El Frontón, Mariela Barreto, Putis, Cantoral-García, Castillo Páez, entre otros representantes de organizaciones de afectados por la violencia política expresaron su malestar e indignación por los decretos legislativos recientemente emitidos por el gobierno el pasado 01 de setiembre.

Gisela Ortiz, familiar del caso La Cantuta mostró su indignación frente a los decretos que, según dijo, una vez más intentan garantizar la impunidad para los casos de violaciones, secuestros, desapariciones y asesinatos de sus seres queridos: “Con estas nuevas leyes de impunidad se intenta garantizar la amnistía, el olvido y el perdón a nombre del Estado para quienes acabaron con la vida de nuestros familiares, una amnistía que ya vivimos en los años 90 y que también tuvo el voto aprobatorio del Ministro de Defensa, y ahora nuevamente se intenta perdonar a estos criminales. Como familiares rechazamos este tipo de actitudes porque también somos ciudadanos peruanos, tenemos derechos y porque también cuando se legisla se tiene que pensar en el daño que pueden ocasionar a nuestras familias”, dijo.

Lima, Perú (Spacio Libre).- El Decreto Legislativo 1097 viene con truco. Y es que esta norma aprobada por el gobierno de Alan García, que pondría en libertad a los violadores de derechos humanos en nuestro país, está basada en una norma suscrita en el año 2003 por el Congreso de la República, donde el Estado Peruano se adhiere a la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Delitos de Lesa Humanidad.

En una reunión con periodistas, los abogados de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, recordaron que en el año 2003, el congreso presidido por Carlos Ferrero Costa aprobó una Resolución Legislativa, la 27998 donde se establece la adhesión del Estado Peruano a dicho convenio, con un sólo artículo que a la letra dice:

De conformidad con el artículo 103 de su Constitución Política, el Estado Peruano se adhiere a la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y los Crímenes de Lesa Humanidad, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 26 de noviembre de 1968, para los crímenes que consagra la Convención, cometidos con posterioridad, a su entrada en vigor para el Perú

Y aquí es donde viene el contrabando, porque aparentemente no hubo reacción cuando se dio esta Resolución en el gobierno de Alejandro Toledo, que ahora es usada por Rafael Rey para defender su DL 1097 del cual se ha confesado máximo autor, señalando que el Estado Peruano reconoce que los delitos de lesa humanidad son considerados bajo esa premisa a partir del año 2003, con lo cual se borra de un plumazo todo lo acontecido en las décadas de 1980 al 2000.