“(…) la obligación de motivar debidamente una decisión también alcanza al Congreso de la República, aun cuando tome decisiones de contenido político como una sanción derivada de juicio político por infracción constitucional”, refiere el documento de la Defensoría.
El 31 de marzo la Comisión Permanente del Parlamento acordó acusar constitucionalmente a Rospigliosi por violar supuestamente el art. 126 de la Carta Magna, inhabilitándolo también cinco años para ejercer en la función pública.
“Los ministros no pueden ser gestores de intereses propios o de terceros”, dice el referido artículo. Al respecto, Rospigliosi Capurro recordó que en la sanción congresal “no se dice a qué intereses se refiere ni a qué terceros”.
Si bien es cierto que en el documento no existe justificación, se conoció que recayó una sanción a Rospigliosi por supuestamente beneficiar al consorcio Proética en una licitación del 2002. La acusación fue impulsada por el ex legislador de Perú Posible Jorge Mufarech. No está previsto que el caso sea tratado esta semana en el Pleno, última instancia del Congreso.
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