Lima, Perú (Spacio Libre).- La Defensoría del Pueblo saludó esta mañana la declaratoria en estado de emergencia del cerro Tamboraque, ubicado en el distrito de San Mateo de Huanchor, provincia de Huarochirí, departamento de Lima, publicada el día de hoy en el Diario Oficial El Peruano, a través del Decreto Supremo Nº 050-2008-PCM, medida que se aplica ante la existencia de un alto riesgo del colapso de los depósitos de los relaves mineros que amenazan al río Rímac.
La norma establece un plazo máximo de 60 días para la ejecución de acciones inmediatas destinadas a la reducción y minimización de los riesgos que representa el derrumbe del mencionado cerro para la ciudad de Lima. Entre ellas: la culminación de la evaluación de riesgos a cargo del Gobierno Regional de Lima; el traslado de los relaves y la planta concentradora, así como la estabilización física de la zona afectada a cargo de la Compañía Minera San Juan (Perú) S.A.; y, la protección de otras instalaciones públicas y privadas en riesgo, a cargo de cada una de las entidades públicas competentes, como es el caso del Ministerio de Transportes y Comunicaciones respecto a la protección de la Carretera Central y línea férrea.
Como se recuerda la Defensoría del Pueblo alertó de esta situación luego de analizar la información remitida por diversas instituciones públicas y realizar una visita a la zona, donde se verificó que la inestabilidad de los suelos provoca un riesgo inminente de deslizamiento de los relaves hacia la línea férrea, carretera central, también alertó que estos relaves causarían serios problemas de contaminación de las aguas del río Rímac, principal fuente de agua dulce de la capital de la República. En ese sentido, exhortó a las autoridades a tomar acciones inmediatas y declarar el Estado de Emergencia en la zona.
La Defensoría del Pueblo espera que las acciones de minimización de riesgos que vayan a ser adoptadas por dichas instituciones sean eficaces y su implementación sea oportuna. En ese sentido, la Defensoría del Pueblo, en cumplimiento de su mandato constitucional de defensa de los derechos fundamentales de la población, solicitará a las entidades involucradas la información respectiva y supervisará su accionar, hasta que se logre la efectiva y real minimización del riesgo.
Foto: Caretas
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