Según informa Peru.com la resolución acusatoria de la fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, se basa en que Olazábal, para involucrar a García, utilizó la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, que entró en vigencia en el Perú en 1991, es decir, seis años después de la masacre, “lo que contradice el principio de la no retroactividad”.
San Martín, Perú (CNR).- La población de Barranquita podría asumir medidas de fuerza ante la deforestación de los bosques primarios en este distrito de la provincia de Lamas, advirtieron dirigentes locales.
Este fue uno de los puntos tratados en la conferencia de prensa ofrecida esta tarde por Jánder Arévalo, presidente del Comité de Lucha de Barranquita; la hermana Lucero Guillén, presidenta de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza; y el alcalde distrital César Soria.
