San Martín, Perú (CNR).- La población de Barranquita podría asumir medidas de fuerza ante la deforestación de los bosques primarios en este distrito de la provincia de Lamas, advirtieron dirigentes locales.
Este fue uno de los puntos tratados en la conferencia de prensa ofrecida esta tarde por Jánder Arévalo, presidente del Comité de Lucha de Barranquita; la hermana Lucero Guillén, presidenta de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza; y el alcalde distrital César Soria.
Dichas personalidades encabezaron la nutrida delegación de líderes de base y comuneros que arribaron hoy hacia las 04:00 horas a Tarapoto para expresar su rechazo a las actividades del Grupo Romero, las cuales ponen en riesgo miles de hectáreas de bosques casi vírgenes.
Se trata de terrenos concedidos por el gobierno -y sin consultar a las comunidades- a las empresas Agropecuaria del Shanusi, Agrícola del Cainarachi y Palma del Espino, pese a tratarse de bosques primarios, para la siembra de palma aceitera.
Tras su arribo, los dirigentes protagonizaron una marcha de sensibilización por distintas entidades -como el Ministerio de Agricultura (MINAG) y el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI)- donde entregaron sendos memoriales.
César Soria, alcalde de Barranquita, afirmó que hay más de 50 motosierras y personal de seguridad que impiden el acceso a la zona -ahora considerada privada- y que el desmantelamiento de las reservas forestales continúa.
Entre las poblaciones afectadas se encuentran Nuevo Ica, Leoncio Prado, San Fernando, Santiago de Borja, Panchilla, San José Obrero y Nuevo Italia, cuya población, indicó, prácticamente ha sido desplazada y condicionada para su tránsito.
Mientras, la hermana Lucero Guillén denunció que el Proyecto Huallaga Central brindó su aprobación a estas actividades extractivas sin solicitar el correspondiente estudio de impacto ambiental.
En diciembre pasado, Geovanni Acate, director de Radio Oriente, encabezó un equipo de periodistas que sobrevoló la mencionada zona, ubicada en el eje carretero que une San Martín y Loreto. El viaje permitió confirmar la destrucción de ocho mil hectáreas de terreno.
Durante el 2008, los residentes de Barranquita interpusieron una medida cautelar para evitar que la compañía Agropecuaria Agrícola del Cainarachi, propiedad del Grupo Romero, ingrese a la zona. Sin embargo, el Poder Judicial desestimó en una instancia superior la medida que fue aceptada en un principio.
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