Lima, Perú (Spacio Libre).- El Tribunal Constitucional (TC) ha efectuado un acto que puede ser trascendental para la eventual conformación de un estado laico en el país: emitió un fallo declarando inconstitucional la ley según la cual las relaciones sexuales entre mayores de edad y adolescentes o entre los adolescentes se tipificaban como violación.
Se comentó que pese a que se esperó que esto produjera una disminución en la tasa de embarazo adolescente no se produjo tal efecto. Para conocer más sobre el contexto en que se desarrolla este asunto, la abogada Brenda Álvarez del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (PROMSEX) fue entrevistada en Radikales Libres de Radio San Borja.
Álvarez, remarcó la importancia de la despenalización de las relaciones sexuales entre y con adolescentes entre 14 y 18 años de edad en el sentido de que antes de que la ley que las describe como violaciones, las relaciones sexuales consentidas también fueran consideradas como violaciones, lo que tenía implicaciones negativas como problemas los servicios de salud.
“El efecto que tuvo la penalización de las relaciones sexuales consentidas entre adolescentes y con adolescentes fue que no se les permitiera el acceso a atención de salud reproductiva. Es más, un hecho sumamente claro es que hasta el momento no se puede aprobar el Plan Multisectorial de Prevención del Embarazo Adolescente”.
La abogada resaltó el hecho de que la proporción de embarazo adolescente a nivel nacional es de 13%, especificando que en el área amazónica existe casi un 30% de adolescentes embarazadas. Consideró también que la penalización era “una de las barreras legales que existían para que las políticas (de salud) puedan ser aprobadas”.
También señaló que pese a que ha quedado sin efecto el artículo 173 – inciso 13, el cual consideraba como delito las relaciones sexuales entre y con adolescentes, la sentencia del TC también “llama y exhorta al Congreso de la República a que inicie una reforma legislativa en lo referente a los delitos sexuales”, indicando que los delitos o violaciones sexuales contra adolescentes en el rango entre 14 y 18 años estarían siendo procesados con penas mínimas, como 6 a 8 años de pena privativa de la libertad, lo que PROMSEX no considera una manera drástica para los violadores.
Consultada respecto a la opinión de las religiones de que se estaría promoviendo un libertinaje sexual entre los jóvenes, Brenda Álvarez señaló que en su organización lo que se quiere lograr es promover el derecho al ejercicio de la libertad sexual de los y las adolescentes, lo cual ahora afirma es favorecido por la sentencia emitida por el TC.
“Esto se va a traducir en que el Estado será también delegado como el principal obligado a garantizar este derecho para los y las adolescentes”, recalcó.
Agregó finalmente que el Congreso tendría que iniciar desde ya una reforma legislativa del Código Penal en el ámbito de los delitos sexuales, señalando que ya existe un proyecto de ley en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos que ha tenido el apoyo de la Comisión de la Mujer y Familia, el cual propone la reforma de todo el capítulo de violencia o delitos sexuales, enfatizándose en una sanción alta para los violadores que fuercen la voluntad de los adolescentes, lo que es una situación real. Para esto, PROMSEX está haciendo un llamado a la congresista Marisol Pérez Tello para acelerar la labor.
Video: Radicales Libres de Radio San Borja
Por: Jaime Canicoba / @Canicoba307
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