Huamanga, Perú (Spacio Libre).- Como fuera acordado, se entregaron los cuerpos de Gilberto Ruiz Gómez, Julián Luis Enrique Martínez Paredes, Óscar Rivera Rúa, Diego Gavilán Palomino y Jesús Yauli Valladolid, víctimas del caso Pichari, quienes pudieron ser identificados por tras un examen de ADN realizado por el Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF).
Bajo la orden del Tercer Juzgado Supraprovincial de Lima y a cargo de la dra. Luisa Palomino Bonilla, el procedimiento se efectuó en el local del laboratorio de Investigaciones Forenses del Ministerio Público ubicado en Huamanga (Ayacucho), donde los deudos se presentaron junto con sus abogados para identificar en los féretros la concordancia de las características físicas y ropas (encontradas en la exhumación).
De este modo, los familiares de estas víctimas del Conflicto Armado Interno finalmente podrán tomar el derecho de enterrar a sus seres queridos y terminar con un ciclo de duelo después de esperar aproximadamente 20 años en lucha por la verdad tras lo sucedido y justicia para los responsables, como bien es responsabilidad del Estado Peruano.
Por otra parte, la directora de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) y representante de la parte civil, Gloria Cano, explicó que los restos entregados son aquellos que pudieron identificarse gracias al examen de ADN.
“Son algo de 25 o 26 cuerpos que aún no se logran identificar debido a la degradación de los mismos, por lo cual solicitaremos otra pericia, tal vez antropológica tradicional, que pudiera permitir la identificación a través del reconocimiento de la ropa. De lo contrario, se tendrá que dar una salida humanitaria conversando con los familiares para la entrega de los demás restos”.
Además, Cano se mostró preocupada porque “junto a los cuerpos se encontraron proyectiles de bala, los cuales no fueron remitidos a criminalística para el análisis correspondiente”, por lo que se solicitará que la fiscalía asignada con el caso investigue a fondo y explique la presencia de estos proyectiles, así como el hecho de por qué tales proyectiles están junto a los restos y no en un laboratorio de investigación.
La directora de APRODEH mencionó luego que de entre los miembros del Estado Mayor del Comando Político Militar de 1983, el principal acusado es Zamudio Aliaga, actualmente fugitivo pese a tener varios procesos judiciales abiertos, asunto del que no dan razón ni el Ministerio del Interior ni el de Defensa.
“Nosotros queremos alertar de que son muchas personas que han sido imputados por graves crímenes de lesa humanidad como este, pero las autoridades no realizan operativos para dar con sus paraderos, ubicarlos y ponerlos a disposición de la justicia. Ellos tienen que responder por estos crímenes, responder por las vidas que fueron cegadas durante el año 83”, manifestó.
Aparte, señaló que “el cuerpo de Cladio Mayta Oré no pudo ser entregado a sus familiares, ya que viven en Pichari y lamentablemente por las lluvias y derrumbes no pudo llegar. Ya se coordinó con la Fiscal para que en cuanto llegue, se realice la entrega”.
Con información de APRODEH.
Por: Jaime Canicoba / @Canicoba307
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