Un documento dirigido al alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, revela no solo las tensiones entre «Porky», y su exasesor de imagen en la campaña municipal, Ariel Ricardo Correa, sino también las irregularidades que se habrían cometido para pagar -con recursos de la Municipalidad de Lima- los honorarios del publicista argentino que lideró la campaña comunicacional que logró que el empresario llegara al sillón municipal.
La historia revelada por el portal Sudaca, muestra una ruptura entre López Aliaga y Correa involucra promesas incumplidas, presuntos manejos irregulares de fondos municipales y vínculos con el programa televisivo de Andrés Hurtado.
Promesas incumplidas
La llegada de Rafael López Aliaga a la alcaldía de Lima en 2022 marcó un hito para Renovación Popular, partido que logró dejar atrás su imagen previa como Solidaridad Nacional, partido implicado en una serie de irregularidades y denuncias de corrupción de la mano de su hoy fallecido líder, Luis Castañeda Lossio. Sin embargo, este éxito no habría sido posible sin el trabajo de un estratega en comunicación política: el argentino Ariel Ricardo Correa.
Según documentos obtenidos por el portal Sudaca, Correa fue contratado en 2021 por el entonces candidato para mejorar su imagen pública. Acordaron un pago mensual de 5,000 dólares, pero desde el inicio, los pagos se hicieron a través de terceros, incluyendo el chofer de López Aliaga, pagos que -según la carta firmada por Correa- se realizaron en efectivo y sin ser bancarizados.
Tras el triunfo en las elecciones municipales, el flamante alcalde le propuso a Correa quedarse en Lima hasta 2026 y continuar contando con sus servicios. Para ello le ofreció un aumento de sueldo a 40,000 soles mensuales, los cuales se pagarían con recursos de la Municipalidad de Lima. Sin embargo, desde enero de 2023 hasta mayo de 2024, solo recibió 30,000 soles mensuales y no los 40 mil prometidos, un monto mayor a los 5 mil dólares que recibió durante la campaña, además los pagos se efectuaban a través del partido Renovación Popular, incumpliendo el acuerdo inicial.
La ruta del dinero municipal
Las presuntas irregularidades en los pagos a Correa se agravan en mayo de 2023, cuando, según su testimonio, el gerente municipal Oscar Lozan y otros funcionarios de Renovación Popular, como el director de los hospitales de la Solidaridad., Luis Rubio, le impusieron un nuevo esquema de cobro.
El argumento era que existía la necesidad de destinar fondos del gobierno municipal para el programa de Andrés Hurtado, alias “Chibolín” quien actualmente purga prisión preventiva.
Dicho esquema, detalla Correa. era el siguiente:
- Facturación mensual a la Municipalidad de Lima por 40 mil soles a través de la empresa Focus Marketing & Management, que según el empresario, fue conformada en Lima a pedido del mismo López Aliaga.
- Facturación mensual de 12 mil soles al partido Renovación Popular, a través de la ONG Asociación Cristiana de Asesores Políticos (ACAP) liderada por el comunicador argentino.
- Y una facturación mensual por 15 mil soles mediante recibo por honorarios a diferentes oficinas de la Municipalidad de Lima, con el fin de financiar encuestas de popularidad.
En efecto, una búsqueda al registro de proveedores del Estado del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE) permite ver que la empresa de Ariel Ricardo Correa obtuvo en el año 2024, 6 contratos por un monto total de más de 235 mil soles, mientras que obtuvo 1 del Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet) por S/ 40,250.
En junio, la situación se tornó más compleja cuando, según Correa, una regidora municipal le pagó utilizando cuentas bancarias de los colegios PRODEC, vinculados al Opus Dei. Posteriormente, se usaron dependencias municipales para justificar pagos por servicios que no correspondían a la labor que él desempeñaba, lo que, según denuncia, encubría el origen de los fondos.
Un despido sin explicaciones
En noviembre de 2024, la congresista Norma Yarrow -según el mismo Correa- le informó que estaba despedido. Al buscar explicaciones, López Aliaga le habría señalado que no podía pagarle de manera “legal y justa”. Además de no recibir el monto prometido, Correa sostiene que nunca se registró su contrato en el Ministerio de Trabajo y que fue involucrado en un esquema que, según él, buscaba eludir normas nacionales.
A poco más de dos años de su gestión, López Aliaga enfrenta múltiples cuestionamientos, pero estas revelaciones ponen en evidencia posibles irregularidades en la administración de fondos en la Municipalidad de Lima.
A continuación, el detalle de los contratos que arroja la web de OSCE y que Spacio Libre obtuvo, al tratarse de documentos públicos.
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