Tras varias semanas de lectura de resolución, el juez del Juzgado Penal Especializado en Crimen Organizado, Rafael Martínez, decidió abrir proceso judicial contra el exdictador Alberto Fujimori, sus exministros de Salud, Marino Costa Bauer, Eduardo Yong y el actual congresista Alejandro Aguinaga, por el caso de las Esterilizaciones Forzadas.
En la audiencia, el magistrado consideró que tanto Fujimori, Yong, Aguinaga y Costa Bauer, son sindicados como autores mediatos por dominio en aparato organizado de poder en el cual perpetraron delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, así como lesiones graves seguidas de muerte en el contexto de grave violación de derechos humanos-en agravio de Mamérita Mestanza, Alejandra Aguirre, y otras víctimas de la intervenciones quirúrgicas forzadas.
Sin embargo, el mismo magistrado suspendió el proceso abierto a Alberto Fujimori hasta que el la Corte Suprema de Chile se pronuncie sobre la ampliación de su extradición.
Como se recuerda el 3 de diciembre el juez señaló en la audiencia que existía la posibilidad de no iniciar el proceso judicial contra el exdictador debido a que el tema no estaba incluido en el cuadernillo de extradición.
«Esta situación del investigado Fujimori, virtud de la sentencia de la Corte Suprema del país vecino que concede su extradición, impediría la tramitación formal de este proceso al no estar estos hechos comprendidos entre los delitos por los cuales se autorizó su extradición», señaló en ese momento Martínez.
Frente a ello, la representante del Ministerio Público, la fiscal Carmen Rosa Crisóstomo, expresó en la audiencia de este sábado 11 de diciembre que se tramitará el cuadernillo respectivo para solicitar a la justicia de Chile la ampliación de la extradición del líder de la familia Fujimori.
UN LARGO CAMINO PARA OBTENER JUSTICIA
Las víctimas de las esterilizaciones forzadas han tenido diversos obstáculos en su búsqueda de justicia. En el año 2016 la fiscal Marcelita Gutiérrez, de la Segunda Fiscalía Supraprovincial de Lima decidió archivar el caso de las esterilizaciones forzadas y negó así la posibilidad de emitir una denuncia que involucre a los principales responsables de este execrable caso.
Para la fiscal, las esterilizaciones forzadas ejecutadas durante el gobierno del hoy preso exdictador Alberto Fujimori, respondieron a una política de estado y que no estaban destinadas a violar derechos humanos. De esta forma retomaba los argumentos planteados dos años antes por su colega Marco Guzmán Baca quien había ordenado también el archivamiento del caso.
En el año 2018, la misma fiscal Gutiérrez decidió reabrir el caso y dar lugar a la denuncia que involucraba a Fujimori, Aguinaga y otros. A partir de ahí el proceso ha sufrido varios traspiés, que hoy parecen llegar a un punto positivo.
Lea también: Nuestro archivo sobre el caso de Esterilizaciones Forzadas. Parte 1 y Parte 2.
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