Por: Alexander Bazán Larco (*)
Columnista invitado
Ollanta Humala se abstuvo, hace algunas horas, de otorgar el indulto humanitario al expresidente Alberto Fujimori. Con esta decisión ha puesto fin a la incertidumbre generada por el propio mandatario, hace varios meses, al manifestar frente a los medios que no había recibido solicitud alguna de indulto, lo que, como se sabe, dio pie a la presentación formal del pedido humanitario, basado en motivos de salud, por los hijos del expresidente.
Alberto Fujimori fue condenado por la justicia peruana por ser autor mediato de los crímenes de “Barrios Altos” y “La Cantuta” y por la millonaria indemnización ilegal otorgada a Vladimiro Montesinos en medio de la caída de su gobierno a inicios de la década pasada. También se le atribuye el haber permitido que sus generales, ministros y congresistas “se levanten” medio país en peso, para incrementar ilícitamente sus cuentas bancarias, producto de la corrupción imperante durante el fujimorato.
Sin embargo, no son pocos los que le reconocen, al hoy inquilino de la DIROES, el mérito de haber tomado la decisión de combatir el terrorismo directamente -sin meterse “bajo la cama”- el de haber enderezado la economía del país -evitando que nos transformemos en Haití- el haber sentado las bases del sistema económico actual -rompiendo con ideas decadentes del pasado- y el haber logrado, finalmente, la paz con Ecuador, cerrando definitivamente la delimitación fronteriza.
Fujimori es pues, evidentemente, ese tipo de personaje que genera marcadas divisiones, al ser querido por unos, pero también odiado por otros, situación que se ve agravada cuando esas divisiones implican colocar a la población del país en dos bandos opuestos.
El exmandatario es querido, con cierto fanatismo, por quienes compartieron su estilo autoritario y consideraron que con ello el país podía ser viable, pero también es odiado por quienes sufrieron las consecuencias negativas de su toma de decisiones, o por aquellos que se dieron cuenta que sus personales ideas marxistas extremas perdían la oportunidad de ser impregnadas, con éxito, en el resto de la población peruana.
Pero también existen quienes, más allá de estas maniqueas posturas, consideran que el exmandatario, durante su gobierno, asumió decisiones que beneficiaron al país, pero que también cometió graves delitos por los cuales debía asumir la responsabilidad que correspondía.
El caso Fujimori lleva a considerar que toda decisión genera efectos, positivos y negativos. La ley de la acción y reacción es ineludible. La pregunta sería ¿es válido tomar decisiones, sabiendo que ellas mismas se encuentran al margen de la ley, justificándolas en el beneficio del país?
Considero que lo correcto es no apartarse de la legalidad, ni del respeto a los derechos fundamentales, ni al orden constitucional. Considero también que quien infringe la ley, afecta los derechos de las personas o pisotea el sistema constitucional, debe asumir todas las consecuencias de su conducta, pues no nos queda otra alternativa que albergar la convicción de que la única forma de garantizar la supervivencia de una nación es respetando a las personas, el sistema y sus instituciones.
Pero, ¿no será que, a veces, para garantizar la viabilidad del país y proteger a la nación se debe de pasar por una etapa marcadamente excepcional de toma de decisiones extremas, al margen de la ley y la constitución? Definitivamente no. No puede existir justificación para decisiones que constituyan o permitan el delito o afecten el orden democrático, incluso si se consideran necesarias. Lo contrario sería aceptar que, en determinadas circunstancias, matar sería bueno, robar aceptable, controlar los medios de comunicación atendible y romper el orden constitucional plausible, sometiendo el criterio sobre lo bueno y lo malo al arbitrio de una persona o un grupo de personas y no a las formas de un estado de derecho.
Siguiendo ese mismo razonamiento y volviendo al tema que ocupa éste comentario, si en el caso de la solicitud de indulto humanitario, por motivos de salud de Alberto Fujimori, no se cumplieron los requisitos para concederlo, en estricta observancia de la ley, entonces la decisión de Humala fue la correcta. En cambio si la abstención de otorgarlo obedeció a algún sesgo ideológico, político o a alguna venganza personal, entones la decisión presidencial fue arbitraria, inhumana e inconstitucional, ya que, finalmente, lo correcto es cumplir con la ley, con la constitución y proteger los derechos fundamentales de todas las personas, incluso los de quien, en su momento, no los respetó.
El tiempo y el acceso público al expediente del trámite de indulto, dirá, en definitiva, si la decisión de Humala se ajustó a derecho u obedeció a algún tipo de sentimiento hepático contra el exmandatario, a algún interés político, o a algún tipo de presión directa o indirecta por parte de terceros interesados en cobrar cuentas pendientes a Fujimori.
La lección que deja esta historia resulta ser, a todas luces, que no puede existir decisión alguna, que se considere válida, que sea ajena a la constitución o que pisotee los derechos fundamentales de las personas. Creo que Alberto Fujimori ya es consciente de ello.
(*) Abogado, docente en la Escuela de Periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza
Sobre el autor
Francisco Pérez García