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Tras la reciente decisión del Tribunal Constitucional (TC) que declaró inconstitucional parte de la ley que eliminaba progresivamente la figura del Contrato Administrativo de Servicios (CAS) y el pase de los trabajadores a los regímenes de los DL 276 y 728, el ministerio de Trabajo confirmó que los contratos CAS son de carácter indeterminado.

Mediante un comunicado, la autoridad de Trabajo recordó que la decisión del TC mantiene la constitucionalidad del artículo 4° de dicha ley, con lo cual: «se reafirma que los contratos CAS tienen plazo indeterminado y los trabajadores sólo pueden ser cesados por causa justificada».

Señala el ministerio que si bien se puede discrepar de las decisiones jurisdiccionales, es deber de toda persona o entidad respetar las resoluciones del máximo organismo intérprete de la Constitución «sin perjuicio de las gestiones que se puedan desplegar para el resguardo de los intereses públicos en la vía que corresponde».

El ministerio afirma que una vez publicada la sentencia, «iniciará inmediatamente las coordinaciones con la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Economía y Finanzas, SERVIR y otras instituciones competentes en la materia, a fin de obtener un cuerpo normativo que responda a la justa demanda de los trabajadores estatales que han sido postergados por tantos años y a la vez responda a la necesidad de contar con profesionales de la mejor calidad en los servicios públicos».

Finalmente, aseguran que la actual normativa de diversos regímenes laborales generan dificultades de gestión y resultan discriminatorios, por lo cual -manifiestan- buscan ordenar desde el sector a todos los trabajadores bajo una noma que establezca las relaciones laborales de los trabajadores estatales.

«La misma situación se presenta en el sector privado, por lo que es de suma importancia elaborar el Código de Trabajo que permitirá, a través de un diálogo social tripartito, armonizar los intereses de trabajadores y empleadores, sistematizar con coherencia la dispersa normatividad laboral aplicable al sector privado en del país, y garantizar el respeto irrestricto de los derechos fundamentales laborales», culmina el pronunciamiento.

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