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Foto: El Comercio
Desatinadas declaraciones del empresario Roque Benavides son duramente cuestinadas/ Foto: El Comercio

Por: Ricardo Marapi Salas

La desesperación cunde entre los voceros pro-mineros y los mismos empresarios del sector. Solo así se pueden calificar las recientes y polémicas declaraciones del empresario minero Roque Benavides, presidente de Buenaventura, quien se atrevió a afirmar, muy suelto de huesos, que “en la sierra del Perú no existen comunidades indígenas«.

 ¿Qué es lo que pretende el empresario ─que en los últimos días se autolanzó a la carrera y vida política peruana─ con estas declaraciones? ¿Ignorancia antropológica o un planificado intento de manipular?

 Hay varias razones coyunturales que podrían explicar esta desesperación. Una de ellas es la preocupación de las empresas mineras respecto a la caída de los actuales precios internacionales. La segunda razón, y concatenada a la primera, es que varios proyectos mineros ─de importancia estratégica para las empresas como Buenaventura─ se han frustrado en los últimos meses debido al recrudecimiento de los conflictos sociales. La paralización del proyecto Conga en Cajamarca, es un claro ejemplo. La tercera razón está vinculada a las expectativas sobre los procesos de consulta previa que se deberán implementar en el Perú, tal como dicta la ley. El temor de los empresarios mineros es que las comunidades campesinas ─ubicadas principalmente en la sierra donde se encuentran muchos proyectos extractivos─, también serán consideradas como pueblos indígenas y, por consiguiente, tendrán todo el derecho a que se les aplique el mecanismo de la consulta.

 «¿Consulta previa a quién? ¿A qué tipo de comunidades? ¿A la gente no contactada? ¿Comunidades campesinas e indígenas? El Perú es muy diverso. En la sierra del Perú no existen comunidades indígenas. Lo que existen son comunidades campesinas”. (Roque Benavides)

 Vamos a cederle un primer hecho al empresario minero. Si lo que quería decir era que no existen “comunidades indígenas” en el Perú, pues, legalmente, ya no existe ese término o figura. En 1969, cuando se aprobó la Ley de Reforma Agraria, se introdujo en la legislación la distinción entre comunidades campesinas y comunidades nativas. Las primeras ubicadas principalmente en costa y sierra, mientras que las nativas en la selva.

 Más allá de las implicancias semánticas, lo que pretenden Roque Benavides, y otros voceros pro-mineros, es evitar, por todos los medios, que las comunidades campesinas  sean contempladas por la Ley de Consulta Previa. Esa es una verdad de perogrullo. Pero Benavides y compañía quieren olvidar lo que establece claramente el Convenio 169 sobre la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas: “los titulares del derecho a la consulta son los pueblos indígenas u originarios cuyos derechos  colectivos  pueden  verse  afectados…”.

 Y varias comunidades campesinas de la sierra ─para molestia y desesperación de los empresarios mineros─ entran bajo la categoría o clasificación de pueblos indígenas. Sí, de la sierra, “estimado Roque”. Y también varias de la costa. Seguramente no todas, pero sí muchísimas de ellas. Para regular ello, aún queda pendiente la publicación, esperada y exigida, de la famosa Base de Datos de Pueblos Indígenas, por parte del Viceministerio de Interculturalidad, que más parece querer echarle tierra y olvidarse del asunto.

 Roque no se ha dado cuenta que existen 6277 razones que desmienten sus afirmaciones. El reciente Censo Nacional Agropecuario nos revela que en la sierra peruana existen 6277 comunidades campesinas que poseen más de 16 millones de hectáreas, una superficie donde se encuentran los codiciados minerales de los proyectos extractivos de las corporaciones como Buenaventura. Dichas empresas no quieren “obstáculos” para acceder a esas tierras y a esos minerales. Uno de esos “obstáculos” sería la consulta previa. Mientras tanto, para las comunidades campesinas de la sierra y la costa, este mecanismo significaría no solo una forma de acabar con los conflictos sociales sino también la posibilidad de poder participar en la toma de decisiones sobre el futuro de sus territorios. Ni Humala, ni Roque, ni cualquier otra persona tiene el derecho de quitarles esa posibilidad a los pueblos indígenas del país.

 

 

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