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Foto: Internet

Por: Ricardo Marapi

Nuevamente el gatillo fácil de los efectivos policiales y militares tiñó de sangre al país. Esta vez no fueron las protestas por la presencia de una polémica empresa minera sino por los operativos de erradicación de hoja de coca, un tema mucho más complejo e incluso más ambiguo que el de una concesión minera. Las recientes informaciones nos dicen que el pasado martes 28 de agosto cerca de mil campesinos del sector de Sachavaca, del valle del Monzón, en la provincia Tingo María (Huánuco), intentaban impedir la erradicación de plantas cocaleras a cargo de funcionarios del Proyecto Especial de Control y Reducción de Cultivos Ilegales en el Alto Huallaga (Corah), que contaban con el apoyo de efectivos policiales y militares. Otros dos peruanos se unen a la lista de personas que han muerto en acciones de protesta durante el presente gobierno: Juan Espinoza Jaimes y Reider Roque Romero, un profesor de educación física. (1)

¿Por qué miles de campesinos cocaleros son capaces de arriesgar sus vidas ─y enfrentarse a las fuerzas del orden armada─ para defender sus sembríos de hoja de coca? Insisto en que el tema es ambiguo y habría que desagregarlo de a pocos. Primero que nada establecer un hecho difícil de negar: casi toda la hoja de coca del valle del Monzón (que cuenta con aproximadamente 10 mil hectáreas de hoja de coca) está destinada al mercado del narcotráfico, que según las autoridades policiales es el último reducto en el Alto Huallaga. Los productores de hoja de coca reciben precios buenos por parte de los intermediarios del narcotráfico, y se convierte en su principal y único sustento económico. Entonces es obvio que se deben realizar los operativos de erradicación con la finalidad de reducir la producción y dar un paso más en la lucha contra el narcotráfico.

Sin embargo los problemas se originan ─como casi todos los problemas en el país─ en el cómo, en la forma de realizar la erradicación. Y allí entran muchas variables. La primera de ellas es que la verticalidad de las acciones y la fuerza muchas veces encuentran una respuesta igual de fuerte o violenta. Es decir, los operativos de erradicación siempre van a fracasar si es que no van de la mano de una decisión consensuada con los propios productores de la hoja de coca. Los campesinos cocaleros también cometen un error y un delito al pretender enfrentarse a la Policía, y también habría que ver los niveles de manipulación o coerción del narcotráfico sobre este tema. De igual manera, las autoridades deben evitar el camino relativamente fácil y rápido de entrar a la fuerza a las chacras. Deben dejar de ver a los campesinos cocaleros solo como infractores o cómplices de los narcotraficantes, y más bien reflexionar y ver el factor social detrás de este complejo problema. Adoptar un enfoque netamente policial en los operativos de erradicación es una medida cortoplacista, que solo sirve para aumentar las cifras de hoja de coca eliminada y cumplir con la cuota de erradicación que exigen los estamentos gubernamentales de Estados unidos. Es sabido que hacia fines de año aumentan el número de operativos precisamente porque las autoridades peruanas estarían conminadas a cumplir con la cuota. (2)

Una segunda variable es el propio convencimiento de los agricultores de permitir la erradicación de sus cultivos. Dichos operativos no van funcionar sino van acompañados de un reemplazo de la hoja de coca por otros cultivos alternativos que sean no solamente rentables sino también sostenibles en el tiempo. Las autoridades pueden erradicar cien hectáreas un día, pero al siguiente aparecerán 200 más en otro lugar, si es que no se les da la oportunidad a los agricultores de dedicarse a otros productos. Y eso implica un trabajo que va desde fomentar la asociatividad de los agricultores, capacitarlos en aspectos agronómicos, entregarle semillas, fertilizantes y otros insumos agrarios, apoyarlos a buscar nichos de mercados internos, mejorar su infraestructura vial, en fin, una serie medidas concretas para sacarlos de las garras del narcotráfico, si es que me permiten el cliché.

Y todo esto está relacionado a un factor indispensable para el éxito de los operativos de erradicación y de los programas de desarrollo alternativo: el crédito. Sin financiamiento agrario, sin la dinamización de la economía rural de los valles cocaleros será bien difícil poder ganar la guerra al narcotráfico. Al final estamos hablando de miles de familias agricultoras inmersos en la economía de la cocaína, y sacarlos de ese círculo implica también una inversión fuerte. Un crédito agrario desde entidades gubernamentales como Agrobanco pero también desde los mismos bancos privados y cajas rurales. Ese es el gran desafío: otorgarle crédito financiero a las organizaciones de productores de hoja de coca. Un ejemplo que se debería tomar en cuenta son las actuales cooperativas cafetaleras, muchas de las cuales tienen como socios a excocaleros que lograron cambiar exitosamente de cultivo.

Es un trabajo a largo plazo que, sin embargo, se ve obstaculizado fuertemente cuando los efectivos policiales y militares empiezan a matar peruanos durante los operativos de erradicación y durante las protestas. ¿Cómo convencer a los agricultores y trabajar un desarrollo alternativo por un lado si por otro estás matando a los productores?

(1) http://www.larepublica.pe/30-08-2012/monzon-es-el-fortin-de-cultivos-ilicitos-de-coca

(2) El mismo ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, informó que en lo que va del año se han erradicado 10 mil 400 hectáreas de hojas de coca, en la selva central de Perú, de un total de 14,000 hectáreas que se han programado.

 

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Por Spacio Libre

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