Lima, Perú (Spacio Libre).- La presidenta del Movimiento por la Salud Oroya (MOSAO), Rosa Amaro, describió la mañana del 28 de julio en la que se reinició las actividades del complejo metalúrgico de la Oroya como un “amanecer negro”, debido a que la empresa liquidadora Right Bussines tomó el mando temporal de esta, y puso en funcionamiento las maquinaria de fundición, después de estar paralizadas por 3 años.
“A velar por la población de La Oroya y prevenir cualquier tipo de contaminación”, fueron una de las principales peticiones que solicitó Amaro al estado, ya que los días 28, 29, y 30 de julio el aire se concentro tanto que “respiramos prácticamente humo negro como de llanta quemada, producto de la reactivación de los hornos del complejo. El humo fue tal que no se podía distinguir la fachada de la vivienda del frente de mi “casa”, dijo la activista.
Por otro lado, la Dirección Regional de Salud Ambiental de Junín alertó tres situaciones de emergencia desde que se volvió a trabajar en el complejo.
Amaro afirmó que la empresa Right Bussines puede tener «todas las ganas de trabajar bien», pero debió informar a la población para hacer prevenir a la ciudad, y tomar las medidas necesarias, como se estableció en la ley del 2007, que consiste en declarar estados de alerta en situaciones de contaminación, para poder proteger y descontaminar a la población vulnerable. . “Nadie nos alertó. Una forma de menguar la contaminación sería usar mascarillas o no exponerse a la intemperie los periodos de más emisiones de gases, pero nadie nos advirtió”, sostuvo Amaro, después de afirmar que la única vía de contaminación no es la gran cantidad de gases que se suelta en unas de las chimeneas del complejo sino también existen emisiones de gases fugitivos que no se monitorean.
Esta ley fue aprobada por el desaparecido Consejo Nacional del Ambiente (CONAM), el Gobierno Regional de Junín, el Ministerio de Salud, y otras asociaciones de La Oroya.
Los días de inversión térmica (días de nevada) o días de ausencia de vientos, por ejemplo, son días de peligro. Aquellos días, dice la señora Amaro, la ciudad queda debajo de una especie de cúpula que concentra los gases tóxicos en el ambiente. “De acuerdo al Plan de Contingencia, la empresa tenía responsabilidad de reducir la cantidad de concentrado los días de inversión térmica para que los gases no sean abundantes, por ejemplo. Pero no se ha cumplido”, señala.
Por estos días se puede ver a una de las chimeneas de la fundición soltando, nuevamente, grandes cantidades de gases a la atmósfera de La Oroya. Sin embargo, no es la única vía. Amaro dice que también hay emisiones de gases fugitivos que no se monitorean.
Además, Amaro dijo que se están produciendo insultos hostigamientos en su contra, pero que seguirá firma en su posición de proteger a los pobladores de la Oroya, en los cuales hay alrededor de 7 mil niños expuestos a la contaminación. “La gente me dice que hablo de contaminación sólo porque tengo un hijo con discapacidad, que las ONGs me pagan millones de dólares, en la calle me dicen que por qué reclamo. Cuando paso por el mercado me dicen que soy vende cristo. Yo sólo quiero que las leyes ambientales se cumplan en La Oroya y que el Estado, el Ministerio de Energía y Minas y el de Salud nos protejan”, comentó entre lágrimas, la activista.
Por último, reiteró que no esta en desacuerdo con la producción de la fundición, pero que se debe acoplar a las reglas como cualquier otro operador.
Por: Jorge Weston / @JorgeMWeston
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