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Un gobierno que en su función de garante no socorre a su pueblo, se merece una demanda contra el incumplimiento del proceso constitucional.

Melchora, cuenta como un buen día unos extranjeros llegaron para destruir su hábitat/ Foto: Tony Tafur (Spacio Libre)
Melchora, cuenta como un buen día unos extranjeros llegaron para destruir su hábitat/ Foto: Tony Tafur (Spacio Libre)

Por Tony Tafur
@TonyTafur

“Para nosotros no hay otra agua. No hay otra opción… para nosotros ya no hay vida”, exclama con lágrimas de impotencia, Melchora, pobladora de Espinar afectada por la indiscriminada actuación de la actividad minera.

Con respecto a la situación crítica y desoladora que el gigante suizo, Glencore, adjudicó injustamente a la provincia cusqueña de Espinar, tras fusionarse con Xtrata Tintaya en el 2013, se originó un conversatorio  en el que tomaron parte Milagros Salazar y Gabriel Arriarán (Representantes de CONVOCA), Juan Carlos Ruiz (Representante del IDL), Fernando Osores (Especialista Médico) y Jaime Borda (Representante del DHSF).

La indignación que conmovió a más de un expositor se vio manifestada, pues, los últimos exámenes médicos que se ejecutaron en Espinar arrojaron un alto índice de contaminación, donde se develó que existe un total de 17 metales contaminantes (Arsénico, Cobalto, Uranio, Plomo y más) en el agua potable que consumen y utilizan los pobladores, hasta quedar enfermos.

Siendo la insuficiencia renal, una de las principales causas mortíferas que está enfermando o, peor aún, desapareciendo a la población, la participación del estado y de los proyectos asistenciales es nula, por no decir, manipulada, pues, desde que la, ahora, postulante a la presidencia, Verónika Mendoza exigió el diagnóstico al CENSOPAL – cuando los pobladores fueron sometidos a pruebas de orina y sangre, donde el 100% arrojó presencia de metales (2010) – le entregaron uno fraguado con datos inexistentes. Cuando la exparlamentaria se percató e increpó lo sucedido, el MINSA mostró total desconocimiento del hecho ¿Cómo una autoridad envía un documento que al final desconoce? Bueno, en sus manos no solo está la verdad, si no, la vida de nuestros hermanos andinos.

La procuradoría regional de Cusco, en su oportunidad, quiso establecer un plan de atención que pueda auxiliar a los habitantes que tenían contaban con enfermedades producidas por la toxicidad del ambiente, sin embargo, el Estado desertó todo solvento económico para la implementación de hospitales y postas. Es decir, se desprotege a la ciudad por falta de dinero.

Definitivamente, una respuesta execrable y apátrida por parte de una entidad que debería velar por la integridad de nuestros pueblos. Además, las únicas postas que tienen cerca, no atienden a todos, puesto que, tienen que estar inscritos en el ISIS y, si no, eran derivados por medio de diagnósticos falsos a sus hogares, indicando que están en un estado óptimo, cuando la realidad era otra.

Especialista del IDL rechaza la forma como el proyecto minero invade el ecosistema/ Foto: Tony Tafur (Spacio Libre)
Especialista del IDL rechaza la forma como el proyecto minero invade el ecosistema/ Foto: Tony Tafur (Spacio Libre)

 

 

“Si el Estado incumple su marco de derecho, le corresponde al Poder judicial controlar al Gobierno” enfatiza enérgicamente, Juan Carlos Ruiz, representante de la IDL.

 

 

 

 

Los que se dedican a criticar a los afectados del ‘espaldarazo’ que les propinó el actual gobierno, deben saber que, los habitantes de Espinar no buscan erradicar, ni eliminar a la actividad minera, ni petrolera, pues, saben que es una partida económica que genera trabajo y divisas para el país. Lo que claman, es que, eso no les da derecho, ni les da licencia de poner en peligro la salud de las personas, según el artículo 59 de la Libertad de Empresa de la Constitución Política.  Sin embargo, a pesar de contar con una ley que los ampara, las mineras siguen concibiendo más depósitos de relave cerca a los hogares rurales.

Esta es la cotidiana apreciación de un estado que brilla por su ausencia. La evidente muestra de una amplia indiferencia por parte de un gobierno que tras el ‘paquetazo ambiental’ (Ley 30230) está subordinado a las empresas mineras y la máxima expresión de un pueblo olvidado que sigue luchando por vivir con dignidad.

Si no nos quieren creer, óiganlo de la propia voz de Melchora:

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